Obras sin licencia paralizadas en el puerto de Alicante para albergar la sede de la Cámara de Comercio. / Jose Navarro

La respuesta de la consellera de Industria, Innovación, Comercio y Turismo en la Comisión de Presupuestos merece una reflexión política de fondo. Preguntada por qué la Generalitat mantiene una subvención de 1,5 millones de euros a la Cámara de Comercio de Alicante para un proyecto paralizado porque las obras no disponen de licencia, respondió: “Me ratifico: siempre vamos a colaborar con las cámaras. Son instrumentos de derecho público que nos ayudan a poner en marcha iniciativas fundamentales”.

La frase parece razonable. Incluso institucional. Pero ahí está el problema: bajo una fórmula impecable se esconde una decisión difícilmente defendible. Nadie cuestiona el papel de las cámaras de comercio ni su utilidad para apoyar al tejido empresarial. La pregunta es otra: si debe mantenerse una subvención pública de 1,5 millones para una obra que no tiene resuelta su legalidad urbanística.

Y ese es el centro del........

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