No es habitual que un auto judicial consiga, en poco más de 80 páginas, plantear enormes dudas jurídicas, institucionales y democráticas a la vez. Tampoco es habitual que una resolución permita observar con nitidez la distancia que puede llegar a existir entre el inmenso poder de una decisión judicial y la solidez de los argumentos que pretenden sostenerla. El auto por el que el juez Juan Carlos Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez, le retira el pasaporte y le impone comparecencias periódicas pertenece a esa categoría excepcional.

Conviene recordar un principio básico que parece haberse perdido entre titulares, tertulias y la agitación de reiteradas e interesadas filtraciones: en un Estado de derecho las medidas cautelares no son un castigo anticipado ni una herramienta de comunicación política, son restricciones excepcionales de derechos fundamentales que exigen en consecuencia una justificación especialmente rigurosa. Cuanto mayor es el impacto de la medida, mayor debe ser la exigencia de calidad en la motivación, que, en este caso, a mi juicio, resulta extraordinariamente exótica y peregrina.

La ley exige que la adopción de medidas como la retirada del pasaporte respondan a un riesgo real, concreto y objetivable de sustracción a la acción de la justicia, no a una posibilidad abstracta, no a una sospecha genérica, no a una construcción especulativa basada en escenarios hipotéticos y francamente poco creíbles. En este sentido, la jurisprudencia viene exigiendo tradicionalmente la valoración del arraigo familiar, personal y profesional, la conducta procesal mantenida durante la instrucción, la capacidad económica, la gravedad de la eventual pena y cualquier otra circunstancia relevante que permita apreciar un riesgo efectivo de fuga.

Resulta difícil imaginar un supuesto en el que ese riesgo aparezca más débilmente fundamentado. Estamos hablando de una persona con residencia conocida, sometida al mayor nivel de escrutinio público imaginable, vinculada al presidente del Gobierno de España, cuya actividad ha sido observada durante meses por medios de comunicación, fuerzas de seguridad y órganos judiciales, y que ha comparecido cuando ha sido requerida. Sin........

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