En Bolivia, cuando una contratación pública genera perjuicio económico al Estado, el Ministerio Público dirige su aparato punitivo contra el eslabón más débil de la cadena, CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA y PERSONAL EVENTUAL. Estas personas no son servidores públicos, carecen de la calidad de sujeto activo calificado y, por tanto, no pueden ser autoras de delitos funcionarios. Sin embargo, son imputadas, detenidas preventivamente y expuestas al escarnio público mientras las Máximas Autoridades Ejecutivas que autorizaron, diseñaron y aprobaron dichas contrataciones permanecen impunes. Este artículo demuestra, con base en el bloque de constitucionalidad y la normativa penal vigente, cómo esta práctica no solo es una aberración jurídica, sino un fraude a la ley penal que exige corrección inmediata.

I.      El chivo expiatorio como categoría jurídico-social

El Diccionario Prehispánico de la Real Academia Española define al chivo expiatorio como la “persona sobre la que se hacen recaer culpas ajenas para eximir a los verdaderos culpables”. En el ámbito penal, el chivo expiatorio no es simplemente un acusado equivocado, es un inocente jurídico a quien se le imputa un delito especial propio, pese a carecer de la calidad exigida por el tipo penal. Es la materialización de la injusticia sistémica.

Lejos de ser una práctica arcaica, este mecanismo de supervivencia institucional se reproduce con alarmante frecuencia en el sistema de justicia boliviano, particularmente en la persecución penal de contrataciones públicas fallidas o lesivas. Cuando una contratación genera perjuicio económico al Estado, la opinión pública y los órganos de control exigen responsables. Sin embargo, en lugar de investigar a las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAEs) y altos ejecutivos que autorizaron, diseñaron y aprobaron dichas contrataciones, el Ministerio Público dirige su aparato punitivo hacia los consultores individuales de línea y el personal eventual.

II.     La naturaleza jurídica de consultores y personal eventual: no son servidores públicos

Para desmantelar la falacia de la imputación penal contra estas figuras, debemos partir de su naturaleza jurídica, zanjada por la normativa administrativa y la jurisprudencia constitucional.

Consultores individuales de línea. Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), aprobadas por Decreto Supremo N° 0181, definen en su Artículo 5, inciso qq), los Servicios de Consultoría Individual de Línea como los “servicios prestados por un consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes… de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato”. Los Clasificadores Presupuestarios ubican sus remuneraciones en el Grupo 20000 “SERVICIOS NO PERSONALES”, lo que demuestra que el Estado los contrata como proveedores externos, no como parte de su planta de personal.

Personal eventual. El Artículo 6 de la Ley N° 2027 (Estatuto del Funcionario Público) es taxativo: “No están sometidas al presente Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo contrato y ordenamiento legal aplicable”. Esta exclusión alcanza también a los consultores individuales de línea.

Jurisprudencia constitucional. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha consolidado una ratio decidendi inquebrantable, la........

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