Todo el pescado judicial estaba vendido, según los que saben de esto. No cabía la sorpresa. Las llaves de la que fuera residencia de la Condesa de Pardo Bazán antes que lugar de veraneo de Francisco Franco estaban en poder de la Administración General del Estado ya desde diciembre de 2020. Tras la sentencia desfavorable a sus intereses en Primera Instancia, emitida y muy bien armada por una jueza coruñesa, los nietos del caudillo asumieron que, por más empeño que pusieran en la batalla legal, la suya era una causa perdida. Y así fue porque las posteriores resoluciones tanto de la Audiencia Provincial como ahora el Tribunal Supremo establecen que Meirás no fue nunca una propiedad privada.

Es patrimonio público. Y lo es porque se ha acreditado que no llegó a formalizarse desde el punto de vista jurídico la cesión del pazo a Franco en 1938 por parte de los prohombres afines a su régimen encabezados por Barrié de la Maza y porque se ha considerado nula por burda la simulación de la escritura notarial de compraventa de 1941 con la que el dictador pudo inscribir la propiedad a su nombre en el registro.

El de los Franco en Meirás es una especie de desocupación, pero con indemnización compensatoria. Echarlos no nos sale gratis. El Supremo establece que los descendientes del dictador tienen derecho a ser resarcidos por los gastos que le supusieron el mantenimiento, la conservación y las mejoras del inmueble, así como por los trabajos para su rehabilitación tras el grave —y enigmático— incendio de 1978, que supuso la desaparición de documentación sobre el franquismo, diarios personales e informes secretos. Se les considera poseedores de buena fe durante décadas del bien que pasa a considerarse público a todos los efectos.

La familia Franco recibirá una cifra aún por establecer —en todo caso, centenares de miles de euros— porque los gobiernos de España que se sucedieron desde la Transición hasta que........

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