No estaban los presidentes. No hacía falta, dado que Rueda, Barbón y Mañueco sintonizan de pleno en este como en otros asuntos estratégicos y de interés común, pese a su diferente color político. La denominada Declaración de Compostela, que pide que se anulen cuanto antes las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66, fue rubricada esta semana por representantes institucionales y empresariales de Galicia, Asturias y Castilla-León. En el documento reclaman a la Unión Europea una resolución definitiva y urgente del procedimiento abierto sobre las prórrogas concesionales, que obligue al Gobierno central a ponerles fin. El acuerdo se produce un año después de conocerse el dictamen motivado de Bruselas que concluye que las prórrogas -formalizadas ambas en el año 2000- de las que se beneficia la compañía que explota ambas autopistas incumplieron la normativa comunitaria. Lo que en definitiva pretenden los tres gobiernos autonómicos afectados es que de esas vías desaparezcan los peajes. Que circular por ellas sea gratis total.

En la configuración de esta alianza por el rescate público de estas dos autopistas troncales del noroeste peninsular tuvo un papel destacado un abogado vigués, de nombre Diego Maraña, que desde la plataforma En Colectivo decidió plantear una batalla en las instancias europeas para que se anulasen las prórrogas, tramitadas por el gobierno de Aznar, por las que las concesiones de la AP-9 y la AP-66 se prolongarían hasta 2048 y 2050 respectivamente. En esta disputa desigual, que en cierto modo podría parecerse a la de David contra Goliat, el objetivo final es que el Gobierno de España, el actual o el que venga, cumpla el dictamen de la Comisión Europea, en lugar de recurrirlo o de presentar alegaciones. Mientras tanto, lo que se reclama es transparencia. La comunidades quieren conocer el........

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