Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer nos recuerda que los derechos no aparecen por inercia: se conquistan, se protegen y se amplían. No es una “celebración” superficial, sino una fecha para mirar con honestidad cuánto hemos avanzado y cuánto falta para que las mujeres vivan con igualdad real, sin violencia y con oportunidades justas. Su origen se vincula a las luchas laborales y políticas de inicios del siglo XX, cuando mujeres trabajadoras y movimientos por el sufragio exigían condiciones dignas y participación plena. Con el tiempo, la conmemoración se consolidó a nivel mundial, y la ONU la impulsó como un momento anual para promover los derechos de las mujeres y la paz, convirtiéndola en un recordatorio global de que la igualdad no es un discurso sino una tarea permanente. En el Perú, esta tarea sigue siendo urgente. Persisten brechas que se sienten en la vida cotidiana: desigualdad en ingresos, limitaciones para acceder a espacios de liderazgo, carga desproporcionada de cuidados y, sobre todo, violencia. Una de las expresiones más dolorosas es la desaparición de mujeres y niñas. No son “casos aislados”: son familias que se movilizan, horas que importan y sistemas que deben responder con rapidez. Recordar a las mujeres desaparecidas en esta fecha es fundamental porque su ausencia no puede volverse rutina; cada denuncia merece búsqueda inmediata, coordinación efectiva y un Estado que actúe sin prejuicios ni indiferencia. También es necesario reconocer que la vulnerabilidad se multiplica en niñas y adolescentes, y que la prevención debe empezar temprano, con educación, protección comunitaria y rutas claras de atención. Mejorar esta situación exige acciones concretas, no solo mensajes. Desde el Estado, se necesita fortalecer la prevención y la respuesta: comisarías y fiscalías con personal capacitado, protocolos que funcionen de verdad, servicios de salud mental accesibles, refugios suficientes y presupuestos con indicadores de cumplimiento. En el ámbito educativo y laboral, se requieren políticas contra el acoso, mecanismos de denuncia que protejan a la víctima y oportunidades reales de crecimiento profesional. Como sociedad, también tenemos responsabilidad. Escuchar sin juzgar, acompañar una denuncia, compartir información verificada cuando alguien desaparece, o apoyar organizaciones que brindan asesoría legal y psicológica. Implica frenar la normalización de la violencia en conversaciones diarias, cuestionar bromas que humillan, y enseñar a los chicos que el respeto no es negociable. El 8 de marzo, entonces, es una fecha para recordar y actuar: por las que abrieron camino, por las que hoy siguen luchando, y por las que faltan. La igualdad no es un favor ni una moda: es justicia. Y se construye con decisiones, instituciones que respondan y una ciudadanía que no mire a otro lado.

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