Desde el 1 de marzo de 2026, una fuga y deflagración en el ducto de Camisea en Megantoni (Cusco) revela dos males profundos: corrupción endémica y falta absoluta de planeamiento estratégico. El incidente —el decimotercero desde 2004— paraliza al Perú: interrumpe el 91% del gas natural nacional, afecta el GNV, GLP, gasohol y diésel, disparando los precios de los combustibles. Lima, con casi la tercera parte de la población nacional y el 83% del consumo, sufre el golpe más duro, en un Perú acosado por la corrupción y la falta de visión de largo plazo. La redundancia en el transporte de gas —un ducto paralelo o por tramos (loop)— es, en síntesis, un plan “B” que se activa automáticamente ante incidentes y evita una crisis nacional. Minimiza interrupciones, pérdidas económicas y garantiza fiabilidad. Sin ella, una falla local se transforma en emergencia nacional. Millones pagan con precios por las nubes la corrupción e ineficiencia de aventureros de la política. Un sistema redundante minimiza interrupciones, reduce pérdidas, emisiones y costos operativos, asegurando fiabilidad. En 2010, bajo Alan García, se aprobó por Resolución Suprema 041-2010-EM un “loop” de redundancia de unos 100 km en la selva. Durante el gobierno de Ollanta Humala se modificó este contrato, eliminándose el ducto alternativo, y se sustituyó por una planta compresora más barata. Esta decisión, vinculada a escándalos de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano (adjudicado en 2014 con Humala, cancelado en 2017 tras Lava Jato y coimas confesadas), priorizó coimas y beneficios de inescrupulosos sobre seguridad nacional. Rafael López Aliaga lo llama “corrupción pura”: el dejar un solo ducto “por coimas”, ignorando obligaciones contractuales de redundancia. El Gasoducto Sur quedó trunco al 40% de avance, por corrupción, que hoy cuesta miles de millones al Estado en litigios y oportunidades perdidas. La falta de planeamiento estratégico agrava todo. Desde el inicio de Camisea (2004), expertos advirtieron la necesidad de redes en malla, almacenamiento estratégico y diversificación (Gasoducto Sur, anillos regionales, etc.). Gobiernos sucesivos postergaron inversiones clave: no se construyó redundancia real, ni se fortaleció la supervisión de OSINERGMIN ni el mantenimiento predictivo que habría mitigado riesgos; ello viola principios de seguridad energética y expone al Perú a riesgos climáticos, sísmicos o de conflictos. La miopía, también endémica, convierte fallas técnicas en crisis sistémicas. Construir un sistema redundante completo cuesta entre 2,000 y 3,000 millones de dólares. Alta inversión, pero insignificante frente a los 200 millones diarios que se pierden por el desborde de precios de los combustibles, con un impacto estimado del 2% en el PBI solo en marzo. 330,000 taxistas, 8 millones de hogares con balones de gas, miles de camiones, trailers, buses y vehículos privados dependen de esta única fuente; cuando falla, la economía entera se paraliza en cadena. Esta crisis no es azar: es el precio criminal de la corrupción que empieza por los presidentes de la república y su ausencia de visión estratégica. Un país entero depende de una sola arteria energética que, cuando explota por negligencias, el corazón del Perú se detiene y millones sufren. Hay que romper esta herencia maldita y el pacto infame para escoger presidentes a la medida de clanes corruptos. El 12 de abril elijamos a quien no tenga miedo de llamar corrupto al corrupto y dé ejemplo absoluto de honradez para acabar con estas crisis evitables.

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