Las elecciones del pasado domingo —y las complementarias del lunes— han dejado al Perú en estado de auténtica alarma cívica. Para amplios sectores de la ciudadanía, lo ocurrido no solo constituye un cuestionable proceso democrático, sino una jornada marcada por irregularidades, improvisaciones y decisiones que muchos califican de gravemente antidemocráticas. Todo ello ha erosionado nuestra muy frágil democracia. La conclusión que reclaman voces diversas es tajante: anular las elecciones en Lima y convocar a nuevos comicios en un plazo no menor de seis meses, esta vez bajo autoridades electorales totalmente renovadas y probadamente solventes. Elegir apresuradamente —por imposición, por inercia o por cálculo  político— es la receta perfecta para que la ciudadanía vote con el hígado revuelto, debido a que muchos limeños consideran que se ha cometido un abuso institucional con ellos. En el centro de la polémica figura el nombre de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, cuya gestión vuelve a ser objeto de cuestionamientos. Para un sector importante de la opinión pública, Corvetto arrastra desde hace años denuncias y sospechas sobre su infame actuación en procesos anteriores, particularmente en la elección que llevó a Pedro Castillo. En ese marco, sus críticos lo describen como un funcionario que habría actuado con parcialidad y que, según denuncias ciudadanas, no habría permitido las auditorías necesarias para despejar dudas. Lo ocurrido el 12 de abril reforzó aquella percepción. Para sus detractores, Corvetto habría reafirmado la imagen de un funcionario cuya conducta, en momentos decisivos, atentó contra la confianza pública en el sistema electoral. Sus críticos lo califican de operador político disfrazado de técnico, y sostienen que su permanencia en el cargo contribuye a la sensación de impunidad y captura institucional. Estas gravísimas acusaciones —que alimentan la desconfianza social— exigen investigación y resolución judicial para neutralizar la colosal desconfianza que han desatado. Aceptar como válida una jornada cargada de vicios —como la del domingo 12 de abril— sería destruir la esencia misma de la transparencia que debe rodear toda elección. Más grave aún fue la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de difundir resultados preliminares antes de que concluya el proceso. Para amplios sectores, esa precipitación convirtió la elección en un proceso viciado desde sus raíces, restándole legitimidad y alimentando la sospecha de que se buscaba convalidar apresuradamente un acto electoral cuestionado. En un país crispado, herido y desconfiado, la salida razonable es clara: anular estas elecciones y convocar a nuevos comicios en Lima, dirigidos por una ONPE y un Jurado Nacional de Elecciones renovados, profesionales y libres de cuestionamientos. No se trata de un capricho político, sino de una necesidad institucional urgente. El Perú no puede construir su futuro sobre cimientos corroídos por la duda, la improvisación y la sospecha. La democracia no se defiende aceptando la trampa. Se defiende exigiendo claridad, responsabilidad y respeto por la voluntad popular. Hoy, para millones de peruanos, eso solo será posible si las autoridades rinden cuentas, si se investigan las denuncias con rigor y si se garantiza que los próximos comicios se celebren bajo condiciones de plena transparencia.

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