Tras la elección ayer del nuevo Decano del Colegio de Abogados de Lima, el Perú enfrenta un debate que trasciende los límites gremiales. No hablamos solo de escoger a la autoridad de un colegio profesional, sino de definir quién ocupará un asiento en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, órgano que tendrá un rol decisivo en las elecciones generales de abril. En cualquier democracia, la independencia del ente electoral es un fundamento esencial. En el Perú, donde la confianza institucional se encuentra malherida, ese pilar es peligrosamente frágil. Los estándares internacionales —desde la OEA hasta IDEA Internacional— son manifiestos: toda institución que participe en la administración electoral debe estar libre de capturas políticas, de influencias externas y conflictos de interés, reales o percibidos. Cuando un gremio profesional se convierte en un espacio de disputa ideológica; cuando existen actores externos que buscan influir en su conducción, o cuando la elección de sus autoridades se ve rodeada de agendas paralelas, la legitimidad del sistema electoral se resquebraja. ¡El problema no es novedad! Salvo honrosas —aunque muy escasas— excepciones, desde el año 2002, empezó a dirigir las riendas del CAL una racha de ineptos y resentidos sociales, habiendo inaugurado nada menos que el inefable —y ahora procesado por golpista— Aníbal Vásquez. Desde entonces, el CAL ha sido un escenario de tensiones internas, pugnas fraccionales y disputas que poco tienen que ver con la defensa de la profesión y mucho con la lucha por cuotas de poder. La consecuencia es clara: un gremio que debería ser un referente de técnica jurídica y autonomía se ha transformado, en gran medida, en terreno fértil para agendas políticas que nada tienen que ver con el interés público. En este contexto, la elección de su decano tiene una característica nacional. No porque un gremio deba renunciar a tener posiciones, sino porque el ciudadano que lo dirija integrará un organismo que deberá resolver controversias electorales, proclamar resultados y garantizar la validez del proceso democrático. ¡Consecuentemente, la imparcialidad para garantizar ya no es un atributo deseable, sino un mandato! Por cierto, más allá de nombres, el país necesita reglas claras y reformas urgentes. Empezando por blindar la elección del representante del CAL ante el JNE, fijando requisitos de transparencia, independencia y trayectoria verificables. También, garantizar que el financiamiento de campañas gremiales sea público, auditado y trazable, evitando todo asomo de influencia externa. Por último, reformar el propio sistema de elección interna, para impedir que grupos organizados —políticos, económicos y/o ideológicos— capturen un espacio que debe servir solo al interés profesional; no a proyectos particulares. ¡Nuestra democracia no debe permitir más zonas grises! El pueblo exige instituciones confiables, árbitros imparciales y procesos transparentes. El Colegio de Abogados de Lima tiene la ocasión y responsabilidad de recuperar prestigio, para fortalecer la arquitectura democrática nacional. Lo contrario sería seguir alimentando la desconfianza, la polarización y la sensación de que las instituciones están al servicio de agendas divorciadas del bien común. Y el Perú ya ha pagado demasiado caro ese tránsito.

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