Los colegios de profesionales no pueden ser únicamente “sindicatos” que brindan servicios y defienden los intereses de los profesionales asociados; también tienen el deber de amparar y proteger a quienes, sin ser miembros del colegio, requieren sus servicios o se ven afectados por la manera de actuar de alguno de ellos. Hoy estos colegios han ido asumiendo únicamente la función sindical porque solo defienden los derechos de sus asociados. Hace algunos años, el decano de un importante colegio de profesionales, cuando se le preguntó sobre las sanciones que administraba el consejo de ética de su organización, respondió que eran muy estrictas y que muchos miembros de su gremio habían sido sancionados severamente. Sin embargo, cuando se le indagó dónde se publicaban esas sanciones, contestó que eran privadas. No voy a mencionar el nombre de este profesional porque ya no se puede defender. Debido a lo anterior, propuse la creación de un comité de ética intercolegios, de manera que, si un ciudadano no estaba satisfecho con la forma en que el consejo de ética del demandado había tratado su reclamo, pudiera acudir a una segunda instancia. Así, profesionales nombrados por otros colegios determinarían si el denunciado había actuado o no sin ética. La idoneidad de nuestros colegios de profesionales está cuestionada debido a que un sinnúmero de universidades, creadas políticamente, no son idóneas y, a pesar de ello, sus graduados reciben un título emitido a nombre de la nación, igual que el que recibe un profesional graduado en una universidad de calidad reconocida. El presidente actual acaba de crear ocho universidades, sin establecer los recursos económicos para contratar a los catedráticos y adquirir los equipos requeridos para lograr la idoneidad que se necesita para que sus graduados reciban un título a nombre de la nación. El comité de ética intercolegios propuesto hará que la ética existente dentro del ambiente de los mismos sea cada vez más estricta. Un comité de ética intercolegios necesariamente mejorará la ética en los trámites en los que el Estado obliga a contratar a un profesional para realizar gestiones privadas o públicas. Además de lo anterior, un consejo de ética intercolegios crea una suerte de pesos y contrapesos en las gestiones que se hacen en el Estado, porque los gestores pueden denunciar el actuar de los profesionales que trabajan para el Estado si su actuar carece de ética.

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