El cuatro de abril de 1980, el Perú no solo abrió las puertas de una embajada. Abrió, en rigor, un principio. Y lo hizo en el momento menos cómodo: cuando la presión política, el riesgo diplomático y la incertidumbre jurídica coincidían en un mismo punto. Todo comenzó con un acto desesperado. Un autobús irrumpió en la sede diplomática peruana en La Habana. Hubo disparos, un muerto, confusión. No era un incidente aislado. Era la señal de algo más profundo: personas dispuestas a todo con tal de salir de su país. Lo que siguió no tiene precedentes. En cuestión de días, miles de cubanos ingresaron a la embajada del Perú. Más de diez mil personas terminaron hacinadas en un espacio reducido, bajo una protección diplomática que nunca fue diseñada para soportar tal magnitud. En ese momento, el derecho internacional no ofrecía respuestas claras. ¿Eran asilados? ¿Refugiados? ¿Migrantes? La discusión jurídica, legítima pero insuficiente, quedaba rápidamente superada por la realidad: había vidas en juego. Recuerdo —porque me tocó estar ahí— que las categorías importaban menos que las decisiones. Cada hora obligaba a resolver problemas que no estaban en ningún manual: cómo organizar el espacio, cómo garantizar mínimos de seguridad, cómo sostener una interlocución que evitara un desenlace mayor. La embajada había dejado de ser solo una sede diplomática; se había convertido en un territorio humano en tensión permanente. Frente a esa situación, el Perú optó por una decisión que, vista hoy, resulta evidente, pero que en su momento implicó un alto costo  político: priorizar la protección de la persona por encima de cualquier calificación jurídica. Ese fue el punto de quiebre. No se trató de un gesto ideológico ni de una provocación diplomática. Fue, más bien, una afirmación de responsabilidad. La misión diplomática no podía convertirse en un espacio de exclusión frente a quienes buscaban protección. La alternativa —cerrar las puertas— habría sido más cómoda, pero también más grave. Las negociaciones con el gobierno cubano fueron complejas. Hubo momentos de alta tensión, de mensajes cruzados y de márgenes estrechos. En ese contexto, sostener una línea coherente —abrir, proteger, ordenar— exigía algo más que convicción: exigía persistencia. No siempre era evidente que fuera a funcionar. Sin embargo, se alcanzó una solución pragmática: permitir la salida ordenada de quienes habían ingresado. Para ello, se creó incluso una categoría excepcional —“ingresantes”— que evitaba el bloqueo jurídico del momento. El resultado fue contundente. Lo ocurrido en la embajada del Perú desencadenó el éxodo del Mariel, que permitió la salida de más de 120 mil cubanos de la isla. Pero reducir ese episodio a sus cifras sería un error. Lo esencial fue otra cosa: demostrar que, incluso en condiciones adversas, es posible actuar con criterio. Que el derecho no es un obstáculo, sino una herramienta que debe adaptarse cuando la realidad lo exige. Y que la diplomacia, lejos de ser un ejercicio protocolar, puede ser un espacio de decisión moral. A la distancia, lo más nítido no son las cifras ni los titulares, sino las miradas. Personas que, al cruzar un umbral, dejaban atrás una vida entera sin saber con certeza qué encontrarían después. En ese instante, la responsabilidad era concreta, inmediata, imposible de delegar. Hoy, cuando el mundo enfrenta cifras récord de desplazamiento humano, la experiencia de 1980 mantiene su vigencia. No como un modelo replicable en todos sus aspectos, sino como un recordatorio de lo fundamental: la protección de la persona no admite dilaciones. Las embajadas representan al Estado. Pero, en momentos críticos, también representan algo más: la posibilidad de que el Estado esté a la altura de sus principios. En La Habana, en 1980, el Perú decidió estarlo. Y algunos tuvimos el deber —y el peso— de hacerlo posible.

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