El pasado miércoles 18, el Congreso eligió al congresista Balcázar, del partido Perú Libre, como presidente de la Mesa Directiva y presidente de la República interino, pero esta elección, tal como se está demostrando, estuvo plagada de negociados, pactos debajo de la mesa y repartijas, con complicidad de partidos como Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre, con mucha influencia sobre Balcázar, y que priorizaron aberrantes cálculos políticos contra el interés nacional. Dentro de estos negociados, Balcázar ha tenido sendas reuniones con congresistas de Perú Libre, quienes le han pedido dejar sin efecto la reestructuración de Petroperú porque se trata de una “privatización encubierta” que busca entregar su patrimonio estratégico a grupos de poder económicos. Por su parte, Balcázar evitó dar declaraciones claras y optó por postergar cualquier decisión, alegando desconocimiento técnico sobre el tema. El problema es que Petroperú requiere, con urgencia, una profunda reestructuración debido a su grave situación operativa y financiera. Desde su fundación, el 24 de julio de 1969, con el transcurso de los años, fue convirtiéndose en una empresa estatal no sostenible por su pésima gestión, ineficacia, innumerables cambios de directivos, corrupción, etc., ocasionando que actualmente su situación financiera sea incontrolable y se encuentre al borde del abismo. Su deuda cuadruplica su patrimonio, colocándola en quiebra técnica. Al cierre de 2025 terminó con una pérdida neta de US$ 1.611 millones, y deudas con proveedores y otras necesidades urgentes por US$ 5.000 millones; sin embargo, mantiene una planilla de 2.700 trabajadores con envidiables sueldos, a un costo anual de US$ 130 millones. Lo más grave es que la Refinería de Talara, cuyo costo final superó los US$ 6.500 millones (cuatro veces lo presupuestado), nunca ha alcanzado el 100% de su capacidad operativa. En junio de 2024, el presidente del directorio de Petroperú, Oliver Stark, propuso medidas para reestructurar Petroperú; entre ellas, el traslado de la empresa a Talara y la reducción del 30% de personal. La expresidenta Boluarte lo rechazó y el directorio en pleno renunció en setiembre de 2024. El 31 de diciembre pasado, el destituido expresidente Jerí aprobó el DU-010-2025 para reestructurar Petroperú. Al respecto, ProInversión ha elaborado un plan que busca que un operador privado asuma riesgos operativos y financieros en la modalidad de concesión, pero manteniendo la titularidad del Estado sobre los activos; sin embargo, todo se encuentra paralizado. Denisse Miralles, que en su anterior cargo del MEF fue autora del DU-010-2025, iniciando la reestructuración de Petroperú, ahora como premier ni se ha referido al tema, y quien iba a aplicarlo como gerenta general, Rita López, fue reemplazada por Gustavo Villa, quien está en contra de la reestructuración y ha cambiado de manera “exprés” a una mayoría de gerentes, demostrándose un claro caso de influencia externa y politización. Además, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien fuera abogado de Vladimir Cerrón, ha pedido al TC declarar la “inconstitucionalidad total” de dicho DU, y en el Congreso ya hay más de una decena de proyectos de ley que piden su derogación. Bajo este panorama, desde la llegada de Balcázar a la presidencia, la reestructuración de Petroperú está volviendo a foja cero y se acercan los peligrosos rescates financieros del Estado, que desde 2013 han superado los S/ 25.000 millones, la mayor parte entre 2022 y 2025 por casi S/ 18.000 millones, que equivalen a más del 5% del presupuesto nacional de inversión pública.

Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

📲 Noticias a tu WhatsApp

Presiona AQUÍ y únete a nuestra comunidad 'Noticias al instante'.

© Expreso