Mientras dudas del registro del celular, el fraude y la extorsión siguen operando

México lleva semanas, meses, discutiendo privacidad, pero creo que la conversación sigue girando en el lugar equivocado.

El registro obligatorio de líneas celulares no es un tema nuevo. Lo que sí es nuevo (o al menos más evidente) es el tamaño del problema que intenta atender. Considero que hoy el costo económico del fraude y la extorsión ya es demasiado alto como para seguir postergando decisiones incómodas.

Porque mientras el debate se polariza, el delito no espera.

De un lado están quienes ven en el registro una herramienta necesaria para reducir la impunidad. Del otro, quienes lo entienden como una amenaza directa al uso indebido de datos personales. Los dos tienen razones de peso; el problema es que esa discusión se queda a la mitad.

Hay un detalle que cambia el ángulo completo y que, curiosamente, casi nadie está poniendo sobre la mesa: los datos no los va a concentrar el Estado.

En el modelo que se plantea, serán las compañías telefónicas las que recaben, administren y resguarden la información. La autoridad no tendría acceso directo; tendría que solicitarlo mediante una orden judicial. Claro, esto no elimina el riesgo (sería ingenuo decirlo), pero sí cambia el punto de partida y obliga a mirar el tema con más precisión.

Porque mientras discutimos quién debería (o no) tener nuestros datos, el fraude y la extorsión siguen creciendo, apoyados en la muy clara ventaja del anonimato.

Los datos de organismos empresariales lo vienen advirtiendo desde hace tiempo. La extorsión, tanto telefónica como digital, se ha expandido. Y cuando se cruza con estimaciones que colocan el impacto económico de estos delitos en niveles cercanos al 1.7% del PIB, la discusión deja de ser teórica. Es dinero que se pierde. Así de simple.

Dinero que no se invierte,........

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