En un mundo corporativo cada vez más interconectado con la sociedad, los whistleblowers —o denunciantes internos— emergen como figuras clave para exponer irregularidades que trascienden los muros de una empresa y afectan el bien común. Estos individuos, a menudo empleados o excolaboradores, arriesgan su estabilidad laboral y personal para revelar prácticas negligentes, corruptas o éticamente cuestionables. En México, donde la transparencia y el derecho a la información son pilares constitucionales, las denuncias internas representan no solo un mecanismo de control ético, sino una extensión del derecho humano a conocer hechos que impactan la salud pública y la seguridad colectiva. Un caso emblemático es el de Philips México, donde ex empleados han alzado la voz sobre fallas en equipos médicos, poniendo en evidencia cómo la negligencia corporativa puede comprometer la vida de pacientes.

El concepto de whistleblower, popularizado en contextos internacionales como el escándalo de Enron o las revelaciones de Edward Snowden, se ha consolidado en México a través de marcos legales como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Estas normativas protegen a los denunciantes y fomentan canales internos para reportar anomalías, reconociendo que la información sobre riesgos sociales —como en el sector salud— no es un lujo, sino un derecho. En casos de trascendencia social, como los relacionados con productos defectuosos que afectan a miles, las denuncias internas se convierten en un puente entre el interés privado y el público, obligando a las empresas a rendir........

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