Hace unas semanas, el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, sucesor del Consejo de la Judicatura Federal, realizó el nombramiento de once titulares de sus principales organismos auxiliares, para cargos de alta responsabilidad: 11 hombres y cero mujeres. El problema es que lo hizo sin respetar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, un mandato constitucional y un deber internacional.

En México, hablar de igualdad se ha vuelto políticamente correcto. Sin embargo, entre el discurso y la práctica institucional hay una brecha que sigue siendo inaceptable. Este caso es una muestra preocupante de esa distancia entre lo que la Constitución ordena y lo que las autoridades aplican.

Para hacer respetar los derechos humanos, el Centro Contra la Discriminación (CECODI), una organización civil sin fines de lucro, promovió un amparo para que los nombramientos efectuados se dejen sin efecto y se hagan con paridad de género. La jueza Tercera de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México lo desechó, bajo el argumento de que los actos del Órgano de Administración Judicial no permiten el amparo y no pueden ser revisados judicialmente. Es decir, que sus decisiones serían inatacables, incluso si violan derechos humanos.

Esa interpretación es equivocada y peligrosa. Pone........

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