A medida que el gobierno de Gabriel Boric se acerca a su fin, se vuelve cada vez más evidente la posición que ocupará entre las ocho administraciones que han gobernado desde 1990. Y quizás la diferencia más grande no esté en términos de políticas públicas, como se podría imaginar, ni tampoco sea generacional, sino algo más profundo: la forma en que entendió y ejerció el poder.

A diferencia de los gobiernos anteriores, con la posible excepción del segundo gobierno de Bachelet, este gobierno debutó con la convicción absoluta de que tenía un deber moral de imponer sus ideas.

Obviamente, esta actitud le trajo consecuencias. Y no solo porque fracasó en prácticamente todos los cambios estructurales y programáticos que prometió impulsar -desde una nueva Constitución hasta la eliminación de las AFP-, además de mostrar serias dificultades incluso en los desafíos más básicos de gestión, sino porque lo dejará instalado en la historia como un gobierno intervencionista y de doble estándar.

Esta semana ofrece una oportunidad particularmente clara para observar cómo y por qué esto terminará siendo un problema mayor. La actitud del Presidente tanto en el caso Claudio Crespo como en el caso Julia Chuñil muestra cómo su certeza moral terminó por quitarle credibilidad más allá de su base política, y cómo esa lógica puede tensionar el funcionamiento normal de las instituciones.

El caso Crespo es el más evidente. Durante años, fue leído casi sin matices como una prueba más de abuso policial y de impunidad institucional. En el relato, Carabineros aparecían como los villanos de la historia incluso antes de que terminara el proceso judicial. Por eso, el fallo del 13 de enero sorprendió: el tribunal absolvió de manera unánime a Crespo, estableciendo que actuó en legítima defensa. No se trató de una resolución excepcional, sino de un fallo ajustado a derecho, dictado........

© Ex-Ante