Un sistema previsional en el que los trabajadores identifican claramente qué parte corresponde a ahorro propio, qué parte financia seguros y qué parte constituye solidaridad probablemente genere una percepción muy distinta de otro donde todos esos componentes aparecen mezclados.

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En agosto comenzará una nueva etapa de la reforma previsional. La cotización aumentará hasta 13,5% de la remuneración imponible y el incremento será financiado por el empleador. El debate público se ha concentrado en cuánto aumenta el costo laboral y quién termina pagando esa diferencia. Es una discusión importante, pero incompleta. Existe una segunda pregunta que probablemente sea aún más relevante para el éxito de la reforma: ¿cuánto valoran los trabajadores aquello que están financiando con esa cotización?

Los economistas distinguen hace décadas entre la incidencia legal y la incidencia económica de un impuesto o una cotización. Que la ley obligue al empleador a realizar el pago no implica que sea él quien soporte finalmente el costo. Las empresas toman decisiones considerando el costo total de contratar, no sólo el sueldo líquido. Si ese costo aumenta, el ajuste puede producirse mediante menores utilidades, mayores precios, salarios que crecen más lentamente o........

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