Una democracia puede  –y debe– digitalizar sus procesos, simplificar permisos y modernizar su Estado. Lo único que no puede sacrificar es el tiempo indispensable para distinguir entre una decisión rápida y una decisión justa.

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En 1835, al publicar el primer volumen de La democracia en América, el historiador Alexis de Tocqueville formuló una intuición extraordinaria. Advirtió que las sociedades democráticas podían terminar privilegiando el bienestar inmediato por sobre los beneficios de largo plazo y, con ello, aceptar formas cada vez más concentradas de poder si estas ofrecían respuestas rápidas y una sensación de seguridad. Casi dos siglos después, aquella observación parece describir con precisión el espíritu de nuestra época.

La democracia nunca prometió ser rápida. Prometió algo mucho más difícil: impedir que el poder se volviera absoluto. Sin embargo, en el siglo XXI comenzamos a juzgarla precisamente por aquello para lo que nunca fue diseñada. Ya no preguntamos únicamente si una decisión es justa o legítima. Preguntamos cuánto demora.

Hubo un tiempo en que esperar era parte natural de la vida. Esperar una carta, una sentencia judicial, la cosecha de una temporada o la aprobación de una ley era el ritmo normal de las sociedades. La paciencia no era una virtud excepcional; era simplemente la forma en que funcionaba el mundo.

Hoy ocurre exactamente lo contrario.

Vivimos en la primera civilización que considera anormal esperar. Compramos con un clic, contamos con una inteligencia artificial que responde en segundos; un automóvil llega en minutos y un paquete cruza un continente en menos de veinticuatro horas. La inmediatez dejó de ser una innovación tecnológica para convertirse en una expectativa cultural.

Ese cambio pareciera afectar únicamente nuestra forma de consumir. Pero, en realidad, está........

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