El estirón de orejas de la Fiscalía al Tribunal de Cuentas para que aplique la ley de amnistía y se deje de más subterfugios es tan claro y tan nítido que ese órgano colegiado, formado por doce consejeros con un mandato de nueve años —seis del Congreso y seis del Senado—, debería bajar las orejas y dejar de estar en rebeldía. La respuesta al movimiento de la consejera ponente que emplazó el lunes a la Fiscalía y a las acusaciones a una nueva ronda para que busquen ahora si hay fondos europeos en el gasto del 1-O y de la promoción de Catalunya es tan extemporánea que el fiscal jefe en el TCu, Manuel Martín-Granizo Santamaria, le ha respondido al Tribunal de Cuentas que lo que tiene que hacer es aplicar sin más demora la amnistía a los demandados. A diferencia del Tribunal de Cuentas, tras la sentencia del TJUE, la Fiscalía ha cambiado su posición por completo y así considera innecesario e improcedente todo lo que está haciendo para retardar la amnistía en esta causa de los presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y los 33 altos cargos de los gobiernos de la época.

Es obvio que, desde el primer momento, el Tribunal de........

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