A partir de 2019 la batalla del exilio cambió de naturaleza. Hasta entonces se trataba de resistir euroórdenes; desde entonces, de construir posiciones: un escaño europeo, una inmunidad, una doctrina sobre el juez natural, una categoría jurídica que no existía. Es el tramo menos comprendido del periplo y el más fecundo, porque cada ataque del Estado terminó produciendo un estándar de garantías del que hoy se beneficia cualquier ciudadano europeo. Quien quiera medir el éxito del exilio no debe contar solo las entregas frustradas: debe leer la jurisprudencia que fue dejando a su paso.

También esta etapa estaba escrita en los manuales, aunque pocos quisieran leerlos. La política comparada describe desde los años noventa el efecto bumerán: cuando los canales internos de un Estado están bloqueados para un actor —capturados sus tribunales, cerradas sus instituciones—, ese actor acude a instancias internacionales para que la presión regrese sobre el Estado desde fuera y con más fuerza. El exilio ejecutó ese manual con una disciplina que ya quisieran muchos gobiernos: Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia, los tribunales belgas, alemanes, escoceses e italianos, el Parlamento Europeo. Y añadió la pieza que convierte la resistencia en poder: la construcción de posiciones institucionales propias. Un escaño europeo no es un pleito ganado; es un recurso de poder político —voz, inmunidad, tribuna, legitimidad electoral renovada— puesto al servicio de una estrategia que nunca dejó de ser política y que dirigía, desde Waterloo, quien la había diseñado.

Empezó en las urnas. El 26 de mayo de 2019, el president Puigdemont y Toni Comín fueron elegidos eurodiputados —luego también Clara Ponsatí, y Oriol Junqueras lo fue desde la prisión—. La Junta Electoral Central inventó entonces un peaje a la medida: el acatamiento presencial de la Constitución en Madrid, es decir, la detención como requisito para ejercer el mandato. Se declararon vacantes los escaños y se pretendió que el voto de más de un millón de personas dependiera de un trámite concebido para no poder cumplirse. La respuesta llegó de la Gran Sala del Tribunal de Justicia: la sentencia de 19 de diciembre de 2019 declaró que la condición de eurodiputado nace de la proclamación oficial de los resultados —del voto, no del permiso— y que........

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