No es ciencia ficción. No es una distopía literaria ni un episodio de Black Mirror. Es España, marzo de 2026. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado en cuestión de semanas dos instrumentos que, combinados, configuran una arquitectura de vigilancia sin precedentes en la historia democrática española, solo equiparable al uso de Pegasus en contra del independentismo catalán: la plataforma HODIO, destinada a rastrear mediante inteligencia artificial lo que el Ejecutivo define como “discurso de odio” en redes sociales, y la ampliación radical de las facultades de la Agencia Tributaria para acceder, también mediante sistemas algorítmicos, a la práctica totalidad de la información financiera de los ciudadanos. Conviene detenerse en ambas, porque su confluencia no es casual.

Desde el 1 de enero de 2026, en virtud del Real Decreto 253/2025 —decreto que, por su configuración legal, no ha necesitado de refrendo parlamentario— las entidades bancarias, plataformas de pago y demás instituciones financieras están obligadas a suministrar a la Agencia Tributaria información detallada sobre cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos y movimientos de efectivo de todos los contribuyentes. No se trata ya de los tradicionales cruces de datos entre declaraciones de renta y patrimonio; se trata de un acceso granular y sistemático al comportamiento económico cotidiano de cualquier persona.

A esto se suma el sistema HERMES, que genera perfiles automatizados de riesgo fiscal, y la incorporación de inteligencia artificial directamente en la plataforma Renta Web, capaz de detectar —según la propia Agencia— “posibles errores o intentos de manipulación” mientras el contribuyente está cumplimentando su declaración. El ciudadano es analizado en tiempo real por un algoritmo mientras ejerce una obligación legal. Pensemos en lo que eso significa: el Estado no espera a que usted presente su declaración para revisarla; el Estado le observa mientras la elabora.

La Agencia Tributaria ha reconocido además que emplea, entre otras fuentes, la geolocalización de teléfonos móviles, la vigilancia de redes sociales, los movimientos de tarjetas de crédito y los datos de consumos domésticos para construir sus perfiles de riesgo —un espionaje masivo en toda regla—. La cuestión, naturalmente, no es si la lucha contra el fraude fiscal es legítima —lo es—, sino si los medios empleados resultan proporcionados y si existen garantías reales de que no se utilizarán con fines distintos a los declarados.

La libertad de expresión no es un principio que se active o desactive según la conveniencia........

© ElNacional.cat