La opinión sobre la liquidación de las EPS y el traslado masivo de usuarios a la Nueva EPS está profundamente dividida. Para el Gobierno, liquidar entidades en quiebra es una obligación legal, una medida necesaria para proteger a los usuarios y la justificación para avanzar en un sistema preventivo, predictivo y estatalizado.

Para la mayoría de los expertos, veedurías y gremios económicos, en cambio, la decisión puede agravar la emergencia sanitaria y vulnerar derechos fundamentales. Esta preocupación se ve reforzada por casos emblemáticos como el del niño Kevin Acosta y el del joven Jeisson Javier Pinzón, cuyas muertes —según las autoridades— pudieron haberse evitado si la Nueva EPS hubiese suministrado oportunamente los medicamentos requeridos.

Expertos en política sanitaria........

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