En México la trampa dejó de ser una excepción para convertirse, para muchos, en una forma de vida. Se presume entre amigos; se comparte en redes sociales; se enseña como si fuera una habilidad y, con demasiada frecuencia, termina siendo premiada. "Yo sé el truco para ganar con menos esfuerzo"; "yo conozco a quien te resuelve el problema"; "yo tengo el contacto que te lo saca con una lana". La ilegalidad ha dejado de avergonzar, y varios espacios, incluso otorga prestigio.

Hacer trampa siempre termina saliendo mal. Sin embargo en México predomina la percepción de que no pasará nada. ¿Y cómo habría de pasar algo cuando los delitos rara vez se castigan? ¿Cómo confiar en las instituciones cuando un gobernador con licencia como Rubén Rocha Moya y un senador en funciones continúan desafiando a la opinión pública mientras pesan sobre ellos señalamientos de enorme gravedad y solicitudes de extradición difundidas públicamente, sin que exista una explicación institucional convincente sobre la actuación de las autoridades mexicanas? El resultado en Sinaloa es una de las peores crisis económicas de su historia reciente. La violencia se ha recrudecido, la actividad económica se ha deteriorado, cientos de negocios han cerrado o reducido operaciones, las inversiones se han frenado y miles de familias viven con incertidumbre. La crisis de seguridad terminó convirtiéndose también en una crisis económica y social que ha deteriorado profundamente la confianza ciudadana.

Algo similar ocurre en Baja California. La gobernadora Marina del Pilar Ávila enfrenta una crisis política que durante semanas ha permanecido en el centro del debate público debido a señalamientos relacionados con su visa y con presuntas gestiones realizadas para atender su situación jurídica derivada de las implicaciones con el crimen organizado. Los audios difundidos en las últimas semanas hablan de una gobernadora en funciones capaz de hacer negociaciones poco éticas, trampa y otras presuntas negociaciones (cuya voz la propia gobernadora ha reconocido) que incrementaron aún más la preocupación pública.

En una democracia, el estándar para permanecer en el cargo debería incluir la preservación de la confianza pública frente a la integridad sin cuestionamientos. Cuando una gobernadora enfrenta acusaciones de tal magnitud que comprometen la........

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