Hay momentos en que la realidad mexicana se encarga de desnudar con crudeza quirúrgica, las contradicciones que muchos se niegan a ver. El caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, es uno de esos momentos.

Acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de proteger a la facción de los Chapitos, de recibir apoyo electoral del cártel y de permitir el libre flujo de fentanilo a cambio de impunidad, Rocha Moya pidió licencia en sus palabras “para facilitar las investigaciones” pero, advirtió, de las autoridades locales. Estados Unidos, solicitó al gobierno de México la detención provisional con fines de extradición para el gobernador con licencia, el senador Inzunza y otros 8 funcionarios sinaloenses. 

Hasta ahí llega el recuento y llega la andanada de defensores con argumentos absurdos y sumisos al poder. 

Resulta curioso, y honestamente cada vez más predecible, ver cómo cada vez más ciertos analistas recurren al mismo manual cuando el escándalo salpica a Morena. Viridiana Ríos, en su columna de Milenio y en Tercer Grado, y Vanessa Romero Rocha en La Hora de Opinar, coinciden en el mismo guion: la colusión entre poder político y crimen organizado........

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