La camioneta avanzaba con dificultad por el Periférico entre miles de aficionados que se dirigían hacia el Estadio Azteca. Era una Cadillac Escalade negra, con los vidrios polarizados, en la que viajaba Cuauhtémoc Blanco rumbo al partido entre México e Inglaterra. Un grupo de manifestantes rodeó el vehículo y comenzó a cubrirlo con pintura en aerosol. Los jóvenes exigían “Justicia para Samir” y le gritaban “asesino” y comparsa de criminales. La imagen dio la vuelta al país. Uno de los ídolos del futbol mexicano de las últimas décadas volvía al centro del escándalo.

La protesta revivió uno de los capítulos más oscuros de Morelos. Samir Flores, activista y opositor al Proyecto Integral Morelos, fue asesinado en febrero de 2019, apenas unos meses después de que Blanco asumiera la gubernatura. El crimen sigue sin esclarecerse plenamente y este año la absolución del único detenido reactivó la exigencia de investigar a los autores intelectuales. Desde entonces, el nombre de Samir quedó ligado al deterioro institucional y de seguridad que marcó buena parte del sexenio del exfutbolista. Tras los hechos del domingo, Blanco aseguró que él y su familia fueron rodeados y bloqueados cuando se dirigían al estadio. Denunció actos de intimidación, afirmó que su esposa fue agredida mientras grababa con su teléfono celular lo ocurrido y sostuvo que la protesta puso en riesgo a quienes viajaban en la camioneta.

Sin embargo, la escena resumió mejor que cualquier discurso una de las grandes contradicciones del México contemporáneo. Mientras el país intentaba proyectar al mundo la imagen de una fiesta futbolística, uno de sus mayores símbolos deportivos y de corrupción institucional llegaba al estadio escoltado y con el fuero que le otorga su cargo como diputado federal por Morena.

Cuauhtémoc Blanco dejó el gobierno de Morelos en septiembre de 2024 para buscar protección en la Cámara de Diputados. Tan pronto tomó posesión la nueva administración estatal, a cargo de Margarita González Saravia, presentó denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones por miles de millones de pesos durante distintos ejercicios fiscales de su gobierno. A ello se sumaron investigaciones relacionadas con contratos en materia de salud, adquisiciones y obra pública que involucran a exfuncionarios de su administración. Hasta ahora ninguna ha derivado en una imputación penal directa contra el exgobernador, pero el cúmulo de observaciones lo mantienen bajo presión y a quienes formaron parte de su equipo.

Los cuestionamientos en seguridad también siguen siendo recurrentes. Durante su administración, Morelos consolidó algunos de los peores indicadores de violencia del país y se documentó la expansión de grupos criminales en distintas regiones........

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