La presidenta de la República ha utilizado el tiempo y los recursos destinados para gobernar, en la defensa de los gastos materiales de la actual Suprema Corte de Justicia (SCJ). Ha convertido en asunto de su incumbencia la compra de camionetas blindadas y diversos pagos cotidianos. Asimismo, ha hecho la comparación entre lo que antes y ahora gastan los ministros.

Ante estos cuestionamientos presupuestales pudo haber remitido el tema a la autonomía judicial, que las respuestas no eran materia de su competencia, y que cualquier pronunciamiento podría constituir, inclusive, una violación al más elemental entendimiento de la división de poderes. Lejos de actuar de manera constitucional y prudente, la presidenta decidió no........

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