En Bolívar se promueve el emprendimiento como motor de crecimiento, pero para muchas pequeñas empresas el problema no está en la falta de ideas ni de mercado, sino en el entorno regulatorio que enfrentan desde el primer día. Crear empresa implica cumplir trámites, asumir costos fijos elevados y adaptarse a reglas burocráticas. Para un emprendedor que apenas empieza, esa carga pesa más que cualquier riesgo comercial.

Todo apunta a su diseño y su aplicación. Obtener permisos, cumplir obligaciones tributarias y responder a múltiples entidades exige tiempo y recursos que una pequeña empresa o emprendedor no siempre tiene. Cada trámite consume horas que podrían destinarse a producir, vender o mejorar el producto. En la práctica, la burocracia actúa como una barrera de entrada que limita la competencia y desincentiva la formalización.

Las causas son claras desde la economía institucional. Cuando las reglas son complejas, inestables, aumentan los costos de transacción. El emprendedor enfrenta incertidumbres jurídicas y tributarias, lo que crea dificultades para planear a mediano plazo. Es decir, si el riesgo aumenta, la inversión se frena o se traslada a otros entornos donde las reglas son más simples y previsibles.

Entre extremos y mayorías dispersas

No es una decisión ideológica ni emocional, es un cálculo económico. Si el costo de cumplir la regulación supera el beneficio de operar formalmente, el sistema está enviando una señal equivocada. El resultado es menos empresas formales, menor generación de empleo, menos desarrollo y una base productiva más débil.

He aquí, un llamado a los aspirantes y futuros senadores en representación de Bolívar, promulguen leyes en pro de la estabilidad normativa que reduzcan incertidumbre y mejoren las decisiones de inversión y formalización.

Las soluciones no requieren grandes reformas teóricas, sino ajustes concretos basados en la ciencia económica. La primera es la estabilidad normativa. Cambiar reglas con menor frecuencia reduce la incertidumbre y mejora las decisiones de inversión. La segunda es simplificar las regulaciones. Menos trámites, menos duplicidad de información y procesos realmente digitales reducen costos sin debilitar la supervisión del Estado. La tercera es aplicar criterios de proporcionalidad. Una microempresa no puede asumir la misma carga regulatoria que una empresa grande sin afectar su viabilidad.

También es clave legislar para mejorar la coordinación institucional. Cuando las entidades comparten información y unifican procesos, el emprendedor deja de ser el intermediario entre oficinas públicas. La experiencia internacional muestra que los países con marcos regulatorios claros y estables logran mayor competitividad y retienen a sus emprendedores.

No solo en Bolívar, Colombia no tiene un déficit de iniciativa empresarial. Tiene un problema de reglas que dificultan transformar esa iniciativa en empresas sostenibles. La competitividad no se construye solo con discursos, se construye con personas e instituciones que faciliten producir, invertir y crecer.

*Contador público y administrador de empresas.

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