En octubre pasado, la comisión presidencial convocó a una pretendida “auscultación ciudadana” para hablar sobre la reforma electoral que impulsa el oficialismo. Según se anunció, sus conclusiones se presentarían en enero a la presidenta Claudia Sheinbaum, con miras a enviar la iniciativa al Congreso mismo mes. Pero nada de eso ocurrió. Los foros fueron poco más que una pantomima y, desde entonces, el gobierno ha preferido discutir la reforma en “lo oscurito”, mediante reuniones privadas.

Se trata de una discusión que, por su relevancia para la democracia y estabilidad política del país, debería ser pública, abierta y plural. Pero el gobierno ha rechazado esa vía y ha preferido conducirse con opacidad y sin la participación — vaya, ni siquiera la presencia— de las demás fuerzas políticas del Congreso. El (todavía) presidente de la comisión presidencial, lo dejó muy claro: no hay intención alguna de construir acuerdos. La “transformación” de las reglas electorales sería impuesta, no negociada.

La presidenta dice que, mientras no presente formalmente la iniciativa, todo son meras especulaciones. Pero eso tampoco es cierto. Desde 2022 existen claros indicios sobre lo que el gobierno busca modificar, pero no ha logrado concretar. Recordar........

© El Universal