A finales de febrero de 2025 tuve una reunión en Michoacán que hoy recuerdo con enorme tristeza. El general José Alfredo Ortega Reyes, quien meses antes había concluido su responsabilidad como secretario de Seguridad Pública después de una gestión que logró avances importantes en una entidad golpeada durante años por la violencia, invitó a Bernardo Bravo Manríquez.

Bernardo, haciendo honor a su apellido, encabezaba con determinación y carácter a los citricultores del Valle de Apatzingán.

La conversación entre los tres fue larga y profunda. Hablamos del enorme poder alcanzado por las organizaciones criminales, del impuesto que cobran a productores y comerciantes, de las dudas sobre complicidades políticas e institucionales y de la tolerancia que durante el sexenio de López Obrador permitió a distintos grupos criminales ampliar su influencia territorial, económica y social. Una convivencia que en diferentes regiones del país terminó siendo sospechosamente funcional a los intereses electorales de Morena.

Bernardo conocía esa realidad desde abajo. Representaba a productores obligados a trabajar e invertir en lugares donde........

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