Como era previsible, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió en defensa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras conocerse la solicitud del gobierno de Estados Unidos para extraditarlo junto con otros funcionarios y exfuncionarios de ese estado, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázares. Las acusaciones son graves: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos. Frente a ello, el gobierno federal respondió con un libreto que ya parece automático.

Apenas se difundió la noticia, el aparato oficial se alineó. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República (FGR) hablaron de “falta de pruebas”, “violación a la secrecía del caso” y “motivos político-electorales”, como si con esas frases pudieran borrar años de denuncias públicas sobre la complicidad de políticos de Morena con estructuras criminales. La narrativa fue tan predecible que parecía redactada antes de conocer la solicitud de extradición.

Conviene recordar que, tras las elecciones de junio de 2021, las denuncias llegaron en cascada. Diversos testimonios señalaron la intervención del crimen organizado en procesos electorales, y uno de los casos más visibles fue precisamente el de Sinaloa. Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador por la........

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