El nuevo gobierno ha anunciado que la recuperación de la seguridad, el respeto a la legalidad y la descentralización serán prioridades de su administración. En materia migratoria, el presidente Abelardo De La Espriella ha planteado una distinción que puede servir como punto de partida: los migrantes que se encuentren legalmente en Colombia y aporten al país deben ser protegidos y apoyados, mientras que quienes delinquen deberán responder ante la ley y, cuando corresponda, ser devueltos a sus países de origen.

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Este enfoque abre la oportunidad de construir una nueva política migratoria que no tenga que escoger entre seguridad y derechos. Fortalecer el control, la identificación y los sistemas de información no significa desconocer los avances alcanzados por Colombia en regularización, protección e integración. Por el contrario, contar con información confiable puede ofrecer una doble garantía: darle al Estado mejores herramientas para enfrentar la criminalidad, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el fraude documental, y permitir que quienes cumplen la ley accedan con mayor facilidad a la regularidad, el empleo y los servicios.

La seguridad migratoria no se logra únicamente aumentando controles en las fronteras. También exige saber quién entra, quién sale, quién permanece en el país, qué actividad desarrolla y cuál es su relación con el Estado. Colombia necesita........

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