A cuatro días largos de que los colombianos vayamos a las urnas para elegir Congreso y poder participar en las consultas interpartidistas, son múltiples las voces que advierten sobre los riesgos que amenazan el libre ejercicio del voto de miles de ciudadanos en varias regiones del país donde la presencia del Estado sigue siendo precaria.

La Defensoría del Pueblo, la ONU, la Misión de Observación Electoral y el mismo Gobierno reportan la existencia de retos en seguridad en al menos 127 municipios donde el imperio de los grupos criminales o la injerencia de factores ilícitos, como la compra de votos y el trasteo de cédulas, podrían terminar decidiendo o interfiriendo en la máxima expresión de la democracia, el derecho fundamental de elegir y ser elegido.

Hay esfuerzos, es innegable. Este fin de semana, 246.000 soldados y policías tendrán la misión en terreno de garantizar la tranquilidad y el acceso libre y seguro a los 13.493 puestos de votación distribuidos en todo el país. Son 1.229 puestos más que en octubre del 2023, cuando se eligieron mandatarios locales y regionales, lo cual demuestra la preocupación de la Organización Electoral por ampliar las posibilidades de que los colombianos puedan llegar a las urnas.

Corresponde garantizar que el voto ciudadano en regiones donde imperan los violentos sea libre de amenazas e interferencias.

En medio de la crítica situación de orden público, el dispositivo coordinado por los ministerios de Defensa y del Interior se anticipa suficiente para prevenir y, dado el caso, controlar eventuales amenazas a las elecciones. Pero, como lo advirtió el nuevo jefe en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, mucho va de esa obligación ineludible de asegurar el día de las votaciones a la de garantizar que el voto que deposita el ciudadano en varias regiones, en especial donde hay hegemonía de un grupo criminal, es realmente libre de amenazas e interferencias.

El trabajo de esa oficina de Naciones Unidas en dichas zonas es el insumo para un crudo diagnóstico: “La gente tiene miedo de votar por el candidato que prefiera. Hay mensajes de los grupos armados, hay indicaciones fuertes. Muchas veces hay restricciones de movilidad y no pueden ir libremente a los puestos de votación. Tampoco hay plena libertad para que participen los candidatos ni para quienes tengan aspiraciones políticas”, dijo Campbell en entrevista con EL TIEMPO. Y concluyó con un cuestionamiento de fondo: “La pregunta que yo me haría es si realmente hay verdadera democracia en estas zonas, ante las restricciones al derecho al voto, a la participación y a la asociación”.

Mientras el presidente Petro y algunos altos funcionarios parecen más preocupados por perseguir los molinos de viento de un supuesto riesgo de fraude que ha sido rebatido con pruebas por las autoridades electorales, el retroceso en seguridad y presencia estatal, que no solo se manifiesta en eventuales acciones armadas el día de las votaciones, es el verdadero riesgo para la democracia. Voces como las de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y otras entidades que acompañan a la gente en las regiones no pueden ser ignoradas. La tozuda realidad que se vive en zonas enteras del Catatumbo, el sur de Bolívar, Arauca, Cauca, Nariño, Putumayo o Antioquia claman por todos los esfuerzos posibles para que el ciudadano deposite su voto en plena libertad.

© El Tiempo