La Aeronáutica Civil (Aerocivil) tiene hasta el miércoles para responder un requerimiento de la Contraloría General que hace parte de una auditoría que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, pidió hacerle a esa entidad luego de la seguidilla de incidentes de seguridad aérea en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que tienen en alerta al país.

Helicópteros militares que se les atraviesan a aviones de pasajeros en las pistas, demoras en priorizar vuelos en emergencia y hasta instrucciones peligrosas que ubicaron a menos de 200 metros de distancia a un avión de Lufthansa, repleto de pasajeros, y otro de la aerolínea de Qatar hacen parte de las emergencias que pudieron terminar en tragedias.

A esto se une que, según reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, hay un déficit de controladores aéreos —de 2.000, solo hay 1.800—, mientras la Aerocivil admite que los actuales necesitan reentrenamiento inmediato. El asunto es muy preocupante, más si se tiene en cuenta que, según la entidad, los incidentes registrados han sido consecuencia, principalmente, de errores asociados al factor humano.

A ese panorama se suma otro elemento de igual gravedad: los claros indicios que han empezado a aparecer sobre el manejo turbio que se le estaría dando a la millonaria contratación de la entidad, que supera los 3 billones de pesos e incluye el mantenimiento de pistas y aeropuertos, suscripción de pólizas, compra de equipos y la contratación de una planta de más de 3.800 personas.

Hay mucho en juego. Incluidas vidas. Urge que los organismos de control establezcan qué está pasando realmente en esta entidad.

Un chat obtenido por este diario, que se le atribuye al jefe de la oficina jurídica, Farid Parra, que renunció recientemente, habla de “presiones de firmas ante procesos que no guardan la legalidad”.

El martes pasado, el presidente Petro negó que, como se mencionó en medios, el llamado clan Torres esté detrás de esas presiones. Incluso, el propio Euclides Torres, quien financió eventos masivos de la precampaña Petro presidente 2022-2026, aseguró que no tiene intereses directos o indirectos en la Aerocivil.

Lo concreto es que en el requerimiento que la Contraloría le hizo a Luis Alfonso Martínez, el director (e) de la Aerocivil, se le están pidiendo los oficios, informes y correos electrónicos, internos y externos, del exjefe jurídico, así como las actas del Comité de Contratación en los que este participó. Además, todos los contratos y licitaciones firmados en la Aerocivil en 2025, lo corrido del 2026 y los que se adelantan en lo que queda de este gobierno.

Y las cifras resultan llamativas. En los últimos 4 meses, en plena época electoral, la entidad ha firmado más de 1.179 contratos de prestación de bienes y servicios que atribuyen a sus necesidades administrativas y operacionales. Pero internamente se habla del ingreso de todo tipo de personas, ajenas al sector aeronáutico.

Hay mucho en juego. Incluidas vidas. Por eso es urgente que los organismos de control establezcan qué está pasando realmente en esa entidad, de la que depende la seguridad aérea del país y de decenas de aerolíneas internacionales, que transportan a miles de pasajeros y tripulaciones. Sería inadmisible que se esté burocratizando y politizando una entidad que exige altos estándares técnicos y experticias. Hay que evitar una tragedia.

© El Tiempo