La inédita decisión del gobierno Petro de retirarse y distanciarse del Banco de la República –desatada esta semana por la resolución mayoritaria de la junta directiva de subir en 100 puntos las tasas de interés– configura un inadmisible intento de bloqueo a la institucionalidad.

La ya conocida narrativa para deslegitimar la autonomía de los órganos y poderes del Estado, cuando estos no son favorables a lo que busca el Ejecutivo, le correspondió ahora al banco central cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, lo acusó, sin pruebas, de obedecer a intereses financieros.

Por eso, la ola de respaldo al modelo de un banco central independiente como pilar del funcionamiento económico del país ha sido apabullante. Desde su creación en la Constitución de 1991, este diseño, junto con su mandato de mantener el poder adquisitivo de la moneda, registra un balance positivo.

A lo anterior se añaden la rigurosidad y la robustez académica del equipo técnico del Emisor que sostiene los análisis que los codirectores contemplan para tomar sus decisiones monetarias. Luego de tres décadas y media y la conformación de múltiples juntas directivas por siete presidentes, la conveniencia de un Banco de la República autónomo y blindado de los caprichos políticos de la Casa de Nariño no ha hecho más que ratificarse.

El ejemplo más reciente está en la reducción de la inflación pospandemia, cuyo crédito se lo ha atribuido el gobierno Petro sin mayores méritos. Más aún, han sido las políticas populistas de la actual administración, que incluyen el desbordado aumento del salario mínimo, con más mediciones políticas que técnicas, y la histórica crisis fiscal, las que han contribuido a las presiones al alza que está experimentando el índice de precios al consumidor (IPC).

De hecho, la subida de 100 puntos porcentuales que detonó las amenazas de retiro del ministro de Hacienda corresponde a la respuesta monetaria al desanclaje de las expectativas de inflación, que llegan al 6,4 por ciento al final de este año. Una gran responsabilidad del retroceso en la lucha contra el costo de vida en 2026 recae en los hombros del presidente Gustavo Petro, así él se niegue a aceptarlo. Además, el Ministerio de Hacienda ha dicho, contra toda evidencia técnica, que elevar las tasas de interés aumenta la inflación.

Esta amenaza del Ejecutivo preocupa porque entorpece la debida coordinación de la política fiscal y monetaria entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República y pone en riesgo la lucha contra la inflación. Ante el ruido y las falacias que el Gobierno está hoy diseminando contra el Emisor, hay que recordar que perder la batalla contra el alza de los precios deteriora el poder adquisitivo de los hogares, en especial los más pobres.

Un segundo aspecto toca las incertidumbres jurídicas y técnicas que despierta una eventual ausencia del Ministerio de Hacienda en la junta directiva del Banco, siendo la siguiente el próximo 30 de abril. Que el Emisor no pueda tomar decisiones de política monetaria o que esas definiciones carezcan de validez legal constituye un riesgo sin precedentes que amerita prevenirse y que recaería sobre el actual gobierno.

A pesar de lo anterior, la lectura que los mercados hacen hoy, y probablemente seguirán haciendo a finales de este mes, es que las tasas de interés deben seguir subiendo ante la persistencia de las presiones inflacionarias. Además, el gobierno Petro tampoco ha enviado los mensajes de que se toma en serio el deterioro fiscal. Todo lo contrario, las señales son de más impuestos, más derroche y más gasto público desbordado.

Este episodio constituye un desafío más a la solidez del acuerdo institucional actual y una amenaza a la autonomía del Emisor. Es un tema muy delicado que debe estar por encima de intereses políticos

Lo anterior conduce a preguntarse sobre el impacto que este bloqueo de la administración Petro generará sobre la credibilidad del banco central colombiano. Este episodio constituye un desafío más a la solidez del acuerdo institucional actual y una amenaza a la autonomía del Emisor. Que la Casa de Nariño haya nombrado tres codirectores, más el ministro de Hacienda, y se queje de que no puede imponer su voluntad en la política monetaria es prueba de la bondad de esa autonomía y la necesidad de defenderla.

No se debe ignorar que el Gobierno viene siendo exitoso en su estrategia de lavado de manos, al culpar al Banco de la República de los males de la economía para salvar su propia responsabilidad populista. Además, la comunicación de estas temáticas es tan compleja como poco atractiva. De todas maneras, sería reprobable que esta amenaza del presidente Petro sea uno de esos anuncios de época electoral en los que importan más los puntos de popularidad para la campaña oficialista que el manejo responsable de la política económica.

Con la institucionalidad del Emisor no debe jugarse, y los colombianos tienen que saber cuáles candidatos presidenciales respetarán esa autonomía.

En esta riesgosa coyuntura, el diálogo institucional debe ser la salida. Y reivindicar el respeto por la independencia del Banco de la República es el primer paso.

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