Bogotá acaba de adoptar una serie de medidas encaminadas a salvaguardar el espacio público de la ciudad, hoy vulnerado principalmente por miles de negocios informales que, si bien constituyen un renglón importante para el sustento de familias humildes y para la economía de la ciudad, ha sido capturado por mafias, por el desorden y la falta de reglas claras para que su usufructo constituya una oportunidad y no la vulneración de derechos colectivos.

La proliferación de ventas ambulantes en andenes, plazoletas, parques y puentes peatonales, entre otros puntos, es tan vieja como la misma ciudad. Y de cuando en cuando afloran conflictos entre los mismos informales, entre supuestos ‘propietarios’ de estos espacios y con la misma autoridad cuando se trata de imponer orden.

Que el uso de estos entornos es un caos, nadie puede discutirlo. La lucha por la supervivencia ha llevado la informalidad en Bogotá a casos extremos, como la invasión completa de andenes, la presencia de pipetas de gas en zonas concurridas, improvisados ‘consultorios’ para tratamientos dentales en plena calle e invasión de estructuras vitales para la movilidad de las personas como los accesos a TransMilenio. Esto sin contar que la guerra por un espacio en el andén ha dejado muertos y heridos.

El espacio público es un espacio vital,
en él transcurre la vida de una ciudad; por ende, es menester que se garantice su goce seguro

Las causas que han propiciado este fenómeno van desde una normativa enrevesada y poco clara hasta descoordinación entre entidades, infraestructura deficiente, mala planificación, poca participación ciudadana y una evidente falta de autoridad, lo que ha facilitado que los avivatos se hayan apropiado de espacios y que por vía de la amenaza y la extorsión se estén aprovechando de las personas que necesitan trabajar en ellos.

Ante este panorama, la Administración, en cabeza del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), puso en marcha una nueva política para la reglamentación y gestión de una infraestructura que pertenece a todos y es necesario proteger con reglas de juego claras. Entre ellas, evitar la saturación de ventas informales, como ocurre hoy en la carrera 7.ª; definir zonas especiales para el traslado de informales, combatir las mafias que operan a sus anchas, crear zonas de aprovechamiento para los ambulantes, condicionar el uso de pipetas de gas, prohibir la presencia de menores y eliminar puestos de este tipo en los accesos, puentes peatonales y entrada y salidas de estaciones y portales de TransMilenio.

La medida no ha dejado de generar controversia. Y así seguirá siendo. Pero ya era hora de que la ciudad adoptara unas normas convincentes que permitan a la mayoría de la gente el goce de un espacio público que no puede estar enajenado a nadie y debe garantizar la libre movilidad y la seguridad de todos los ciudadanos.

Dicho esto, debe quedar claro que la norma dada a conocer la semana pasada no pretende acorralar la informalidad ni perseguir a sus protagonistas. Por el contrario, ha de entenderse como una medida que propende a garantizar su derecho al trabajo, pero con orden y responsabilidad. El espacio público es un espacio vital, en él transcurre la vida de una ciudad; por tanto, es menester que la autoridad garantice un acceso seguro a él.

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