Cumplen una labor fundamental los 4.228 defensores públicos —que son los abogados que pone el Estado a disposición de todos aquellos procesados que no puedan costearse uno— en la administración de justicia, pero que este año, como revela un informe publicado por este diario, se ven en riesgo por física falta de recursos.

Esos defensores, modestamente pagados y siempre sobrecargados de procesos, son claves porque no solo les permiten a los injustamente acusados tener chance de demostrar su inocencia, sino porque también garantizan la defensa técnica de aquellos otros, incluso capturados en flagrancia, que a pesar de sus actos en contra de la ley siguen conservando, como debe ser, sus derechos fundamentales. Y este punto es clave porque si el Estado no le garantiza un defensor de oficio así fuere al más redomado criminal, este........

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