La democracia colombiana entra en la recta decisiva de la campaña presidencial de 2026 con una exigencia que debería ser elemental, pero que hoy es necesario subrayar: la Presidencia de la República debe brindar todas las garantías para este proceso electoral. Genera preocupación que haya que recordar con insistencia que el jefe de Estado está obligado a proteger las reglas, rodear a las instituciones y transmitir confianza pública.

Inquieta que en vez de contribuir a un necesario clima de serenidad, desde la propia Casa de Nariño se hayan multiplicado mensajes en distintos frentes que erosionan la credibilidad de la contienda. Uno de ellos es la narrativa sistemática de la cabeza del Ejecutivo en contra del proceso electoral y de la Registraduría.

El primer mandatario no ha cesado en sembrar peligrosas dudas sobre el sistema electoral, aun cuando las elecciones del pasado 8 de marzo dejaron, en términos generales, un balance muy positivo. Varias auditorías sobre seguridad y tecnología han emitido partes de tranquilidad respecto a estos comicios, en los que, hay que resaltarlo, el partido gobiernista registró históricos resultados.

Más aún, hace pocos días, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al presidente Petro abstenerse de emitir mensajes........

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