Por estos días ha circulado información extraoficial en el sentido de que el Estado colombiano denunciaría el Estatuto de Roma, tratado internacional que le dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI). A mi juicio, jurídicamente habría que recorrer un camino muy tortuoso y de incierto desenlace; moralmente sería abdicar a valores superiores como la lucha contra la impunidad y el sometimiento de la fuerza al derecho; y por último, pero no menos importante, llevaría a condenar a futuras generaciones de colombianos a no contar con una salvaguardia internacional frente a sátrapas que pudieran llegar al poder.

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Según nuestra Constitución, el Presidente de la República dirige las relaciones internacionales y por tanto, en principio, puede discrecionalmente denunciar los tratados internacionales (Ley 7.ª de 1944). Sin embargo, en el caso del Estatuto de Roma, la situación resulta ser mucho más compleja: a diferencia de otros instrumentos internacionales, aquel fue incorporado directamente al bloque de constitucionalidad (Acto Legislativo 02 de 2001), revisado por la Corte........

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