Opinión ¿La hora de la mano dura? Seguridad, poder y democracia en América Latina

Investigador asociado en el Centro Internacional de Ética Aplicada y Asuntos Públicos (ICAEPA) en Sheffield, Reino Unido.

En gran parte de América Latina, la inseguridad se ha convertido en una de las principales cuestiones políticas de la década. Pocas elecciones recientes ilustran mejor esta transformación que la de Colombia. El triunfo de Abelardo de la Espriella, un candidato ajeno a la política tradicional que construyó su campaña alrededor de una agenda de seguridad de línea dura, reflejó el creciente peso electoral de la inseguridad y el desgaste de enfoques más conciliadores frente a los grupos armados.

La reciente crisis en Bolivia también ilustra la complejidad de esta nueva era. Mientras el Gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta meses de bloqueos y protestas vinculadas a sectores afines al expresidente Evo Morales, las autoridades han acusado a sectores militantes vinculados a productores de coca de la región del Chapare de intentar desestabilizar al país y han utilizado el término “narco-terrorismo” para describir a algunos sectores de la oposición. El Gobierno ha desplegado fuerzas de seguridad para restablecer el orden y se ha acercado a Washington en materia de cooperación antidrogas, revirtiendo la relación más confrontativa con Estados Unidos que caracterizó la presidencia de Morales. Morales y sus seguidores rechazan las acusaciones y sostienen que las etiquetas criminales están siendo utilizadas para deslegitimar a la oposición política y justificar la represión.

América Latina y el Caribe concentran aproximadamente el 8% de la población mundial, pero representan cerca de un tercio de los homicidios globales

La controversia refleja un dilema regional: frente a la expansión del crimen organizado, los gobiernos recurren cada vez más a medidas extraordinarias, mientras sus críticos advierten que los discursos de seguridad pueden extenderse a opositores, movimientos sociales y comunidades marginadas, poniendo a prueba el equilibrio entre orden público e instituciones democráticas.

La magnitud de la crisis explica la importancia política que ha adquirido la seguridad. América Latina y el Caribe concentran aproximadamente el 8% de la población mundial, pero representan cerca de un tercio de los homicidios globales. Las redes criminales han evolucionado más allá del narcotráfico para involucrarse en extorsión, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes y captura de espacios políticos, convirtiendo la inseguridad en un desafío de gobernabilidad regional. Según investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el crimen y la violencia le cuestan a América Latina aproximadamente el 3,4% de su PIB anual, equivalente a unos 192 mil millones de dólares. Estos costos incluyen homicidios, policía, tribunales, prisiones y seguridad privada. Tan solo las empresas destinan alrededor del 1,6% del PIB regional a protegerse de actividades criminales, mientras que la carga total equivale aproximadamente al 78% del gasto regional en educación y al doble del gasto gubernamental en asistencia social.

La violencia se ha convertido en una crisis de desarrollo: desalienta la inversión, impulsa la migración y debilita las instituciones. El Fondo Monetario Internacional estima que reducir los homicidios al promedio mundial aumentaría el crecimiento económico anual de la región en 0.5 puntos porcentuales.

Una región en........

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