Opinión Kast, el Foro de Madrid y el fantasma de Pinochet

La última columna que escribí en este medio sobre la situación política de Chile fue a fines de marzo de este año, hace exactos cinco meses. En ella advertía sobre los peligros que escondía el concepto “gobierno de emergencia” levantado por la entrante administración de José Antonio Kast. En dicha publicación señalaba que si bien el actual gobierno —que en ese entonces tan solo sumaba dos semanas de mandato— todavía no había propuesto ni había hecho uso de facultades que permitieran suprimir o suspender el régimen de garantías constitucionales, existía detrás de la figura de “gobierno de emergencia” una concepción autoritaria del ejercicio del poder ligada a las ideas jurídico-políticas de Carl Schmitt, para quien el estado de excepción constituye la herramienta primordial para la aplicación de la soberanía y la mantención o restitución de un determinado orden.

Lamentablemente, transcurrido el tiempo, esta tesis lejos de desvanecerse parece reafirmarse de forma palmaria. La mega reforma de seguridad propuesta recientemente por la administración Kast no deja lugar a dudas. En ella se introducen reformas constitucionales que le permiten al ejecutivo declarar un estado de excepción por 240 días sin necesidad de recurrir al Congreso. Según un amplio consenso de los expertos constitucionalistas, esta figura dota al ejecutivo de más atribuciones que incluso el estado de sitio contenido en el marco constitucional vigente, el que solo puede declararse en caso de guerra externa con la debida aprobación del Parlamento. En la actual propuesta, el presidente, de manera unilateral y bajo un argumento tan laxo como el de “amenaza grave o inminente”, goza de la capacidad de invocar este nuevo estado de excepción, lo cual le otorga facultades extraordinarias como la suspensión de la libre locomoción, el derecho a reunión o la interceptación de comunicaciones privadas por criterios difusos, sin ningún tipo de control.

En la actual propuesta, el presidente, de manera unilateral y bajo un argumento tan laxo como el de “amenaza grave o inminente”, podría invocar este nuevo estado de excepción

A lo anterior se suman dos indicaciones contenidas en la mega reforma que también han generado críticas desde juristas, académicos y amplios sectores del espectro político. La primera es la propuesta de dotar al ejecutivo de la capacidad de definir, junto al Senado —a través de una sesión secreta— las agrupaciones que formen parte de un registro oficial de organizaciones criminales y terroristas; es decir, la potestad de establecer una lista o libro negro sin antecedentes ni escrutinio judicial. El paquete presentado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, propone además retirarles prestaciones sociales como salud, pensiones y educación por más de 15 años a quienes ya hayan cumplido penas de cárcel por determinados delitos.

Todas las propuestas anteriormente descritas pueden leerse fácilmente en clave........

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