Han transcurrido casi nueve meses desde que el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fuese condenado por la supuesta filtración de datos reservados relacionados con los delitos fiscales presuntamente cometidos por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo, sin pruebas consistentes e ignorando las declaraciones de los testigos, impuso al exjefe del Ministerio Público una pena de inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros y, hace justo un mes, su sucesora trasladó sus discrepancias con el fallo a la Comisión Europea.

La sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato, mostró su desacuerdo con la sentencia desde el momento en el que pasó a ocupar el máximo escalafón de la Fiscalía General del Estado, lo que le llevó a incluir sus valoraciones en la contribución al Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, que elabora el Ejecutivo europeo. La mayor preocupación de Peramato, más allá de la propia condena, es la sensación de politización de la Justicia y su distinto comportamiento en función de la persona juzgada que gana cada vez más peso en la sociedad, reforzada por este tipo de decisiones.

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