50 días. Eso es lo que ha tardado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en hacer público el expediente de la compra del polémico ático de Chamberí, que la Comunidad de Madrid lleva gestionando desde febrero y ejecutó en abril. Después de casi dos meses, las 224 páginas que se hicieron públicas este jueves dejan claras algunas cosas, como que el Ejecutivo madrileño ha mentido reiteradamente sobre qué uso le querían dar al inmueble; pero lejos de responder a las preguntas fundamentales que rodeaban al escándalo, deja nuevas cuestiones sin respuesta.

Las tres más importantes eran quién ordenó comprar el ático, quién ejecutó la operación de 6,3 millones de euros públicos, y por qué se eligió ese piso de 483 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos sin licencia de oficina para alojar el despacho de Ayuso mientras tuvieran lugar las obras en la Puerta del Sol.

El expediente solo responde a la segunda de ellas: todos los documentos de Planifica Madrid están firmados por una persona que en los contratos se identifica como “consejero delegado” de la agencia autonómica. Según la página de la entidad, se trata de Pedro Corbalán, y cabe recordar que el Partido Popular, unos días antes de publicar este expediente, vetó su comparecencia ante la Asamblea de Madrid que había pedido la oposición.

Los documentos permiten hacerse una idea de qué motivos puede haber detrás de ese veto. Pero más allá de su contenido, el Gobierno de Ayuso no los ha hecho públicos hasta el mismo momento en que el consejero Miguel Ángel García Martín, presidente de Planifica, comparecía ante la Asamblea.

El “uso residencial” del ático atraviesa el informe

El portavoz del Ejecutivo regional leyó ante la Cámara una parte del expediente, que se sitúa en el momento en el que su Consejería estaba tramitando el alquiler del ático por 3.000 euros al mes con la........

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