Hablar de una lista de espera parece sencillo. Cuántos pacientes hay, cuánto tiempo llevan esperando y cuánto tarda el sistema en atenderlos. Pero detrás de esas cifras hay muchas más decisiones de las que parece. Importa cuándo empieza a contar la espera, qué prioridad recibe cada paciente, en qué categoría aparece y en qué momento deja de formar parte del registro.

La polémica abierta en el Hospital Ramón y Cajal ha puesto el foco precisamente ahí. El País publicó esta semana documentación interna según la cual 57 pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología cambiaron de prioridad entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. Fueron clasificados como prioridad 2, una categoría para la que se recomienda una intervención antes de 90 días, y pasaron a prioridad 3, reservada para casos en los que se admite una demora mayor. Cuatro médicos consultados por el periódico sostienen que esos cambios se hicieron sin contar con los especialistas que habían fijado inicialmente la prioridad.

La versión de la Comunidad de Madrid es, por supuesto, bien distinta. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, sostiene que fue el propio cirujano que hizo pública la denuncia, Luis Alberto Martos, quien alteró de forma irregular la gravedad de los pacientes y asegura que lo hizo en beneficio propio. El Ejecutivo regional ha abierto una investigación interna y vincula el episodio a un conflicto dentro del servicio. Martos niega esa acusación. El País, por su parte, asegura que los correos y documentos que ha consultado apuntan al jefe de Traumatología y a la dirección médica como origen de las órdenes de modificación.

De momento, las responsabilidades no están aclaradas. Y esa cautela es importante, porque una cosa es que existan documentos y testimonios sobre cambios en las prioridades y otra distinta atribuir intenciones o responsabilidades definitivas mientras la investigación sigue abierta.

La lista empieza antes del quirófano

El caso del Ramón y Cajal sirve........

© El Plural