La sentencia con la que los bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado que la Justicia dé la razón a su reclamación sobre el destino de cerca de 38 millones de euros recaudados para el servicio de extinción de incendios tiene su origen a más de 400 kilómetros de la Puerta del Sol. La clave de la victoria judicial no está únicamente en la normativa madrileña, sino en una resolución del Tribunal Supremo dictada en 2020 a raíz de un conflicto similar en Asturias. Ese precedente fue el pilar sobre el que los demandantes construyeron su estrategia y el mismo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha terminado utilizando para desmontar el principal argumento del Gobierno de Ayuso: que aquel caso no podía aplicarse al caso madrileño.

La resolución del TSJM no solo estima íntegramente el recurso presentado por los bomberos. También rechaza expresamente la tesis sostenida por el Ejecutivo madrileño durante todo el procedimiento, basada en que la regulación de la Comunidad de Madrid presentaba diferencias suficientes respecto a la asturiana como para justificar un destino distinto del dinero recaudado mediante las contribuciones especiales. Tras analizar ambas normativas, la Sala concluye precisamente lo contrario: las diferencias invocadas por la Administración no alteran la naturaleza finalista de estos ingresos ni permiten apartarse de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo.

El origen del conflicto se encuentra en la contribución especial que pagan las compañías aseguradoras para financiar el servicio de prevención y extinción de incendios. Los bomberos denunciaban que parte de ese dinero no........

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