Radiografía de las edificaciones irregulares

España suma al menos 665.500 viviendas ilegales, la mayoría en Andalucía y Valencia

Solo en la provincia de Barcelona, la Generalitat tiene contabilizados 42.000 inmuebles irregulares

Varios gobiernos autonómicos han aprobado leyes para regularizar las casas, pero muchos dueños se niegan a pagar el coste de urbanizar, instalar redes de saneamiento y de electricidad

El limbo de las 2.000 casas ilegales a nueve kilómetros de Madrid: "Pagamos impuestos pero no tenemos servicios"

Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones

Viviendas y urbanizaciones ilegales en Mejorada del Campo (Madrid) / José Luis Roca

El cambio legal aprobado por el Govern de la Generalitat de Catalunya que da luz verde a los ayuntamientos para regularizar alrededor de 730 urbanizaciones ilegales ha devuelto al foco mediático las parcelaciones irregulares que colonizaron terrenos no urbanizables de muchas provincias, sobre todo en el levante español, principalmente durante los años del desarrollismo -entre los 60 y los 80-. Pese a que no hay un cómputo estatal oficial, ascenderían a más de 665.500 viviendas, según una aproximación en base a información facilitada a EL PERIÓDICO por gobiernos autonómicos y estudios de especialistas en Geografía y Urbanismo.

Estas urbanizaciones ilegales, construidas al margen del ordenamiento urbanístico, están tan arraigadas que algunas acabaron siendo dotadas de luz y agua, e incluso en muchos casos los vecinos están censados y pagan impuestos. La mayor parte de las veces, sin embargo, los residentes no disponen de los servicios básicos públicos —abastecimiento de agua, iluminación, asfaltado o alcantarillado- y las construcciones se han convertido en un quebradero de cabeza tanto para los ayuntamientos -por los problemas de contaminación, insalubridad e inseguridad que puedan generar- como para los propios vecinos, que se ven obligados a gestionar los servicios a su propio coste.

Las viviendas ilegales siguen levantándose en numerosos terrenos rústicos, aprovechándose de que el delito urbanístico prescribe rápido

Las viviendas ilegales siguen levantándose en numerosos terrenos rústicos, aprovechándose de que el delito urbanístico prescribe rápido

"Nosotros pagamos el IBI y el impuesto de basuras, pero no tenemos servicios", protesta Pipe, vecino de El Tallar, una de las tres urbanizaciones ilegales de Mejorada del Campo (Madrid) que despliegan por una loma alrededor de 2.000 viviendas de todo tipo, desde mobil homes a chalets señoriales. El padre de Pipe compró parcelas en esta zona rústica en los años 80 y, 45 años después, siguen fuera de la ley.

"Nosotros pagamos el IBI y el impuesto de basuras, pero no tenemos servicios", protesta un vecino de El Tallar, una urbanización ilegal de Madrid

"Nosotros pagamos el IBI y el impuesto de basuras, pero no tenemos servicios", protesta un vecino de El Tallar, una urbanización ilegal de Madrid

"Los camiones de la basura ni entran. Tenemos solo dos zonas de contenedores fuera de la urbanización, y el agua y la luz, para la que usamos generadores de gasoil, la pagamos desde la asociación", precisa pidiendo al ayuntamiento una solución definitiva. "Estamos censados aquí, votamos aquí, y las fincas están registradas en el Registro de la propiedad", razona.

Vista aérea de una macrourbanización ilegal en La Línea de la........

© El Periódico (ES)