Radiografía de las edificaciones irregulares

España suma al menos 665.500 viviendas ilegales, la mayoría en Andalucía y Valencia

Solo en la provincia de Barcelona, la Generalitat tiene contabilizados 42.000 inmuebles irregulares

Varios gobiernos autonómicos han aprobado leyes para regularizar las casas, pero muchos dueños se niegan a pagar el coste de urbanizar, instalar redes de saneamiento y de electricidad

El limbo de las 2.000 casas ilegales a nueve kilómetros de Madrid: "Pagamos impuestos pero no tenemos servicios"

Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones

Viviendas y urbanizaciones ilegales en Mejorada del Campo (Madrid) / José Luis Roca

El cambio legal aprobado por el Govern de la Generalitat de Catalunya que da luz verde a los ayuntamientos para regularizar alrededor de 730 urbanizaciones ilegales ha devuelto al foco mediático las parcelaciones irregulares que colonizaron terrenos no urbanizables de muchas provincias, sobre todo en el levante español, principalmente durante los años del desarrollismo -entre los 60 y los 80-. Pese a que no hay un cómputo estatal oficial, ascenderían a más de 665.500 viviendas, según una aproximación en base a información facilitada a EL PERIÓDICO por gobiernos autonómicos y estudios de especialistas en Geografía y Urbanismo.

Estas urbanizaciones ilegales, construidas al margen del ordenamiento urbanístico, están tan arraigadas que algunas acabaron siendo dotadas de luz y agua, e incluso en muchos casos los vecinos están censados y pagan impuestos. La mayor parte de las veces, sin embargo, los residentes no disponen de los servicios básicos públicos —abastecimiento de agua, iluminación, asfaltado o alcantarillado- y las construcciones se han convertido en un quebradero de cabeza tanto para los ayuntamientos -por los problemas de contaminación, insalubridad e inseguridad que puedan generar- como para los propios vecinos, que se ven obligados a gestionar los servicios a su propio coste.

Las viviendas ilegales siguen levantándose en numerosos terrenos rústicos, aprovechándose de que el delito urbanístico prescribe rápido

Las viviendas ilegales siguen levantándose en numerosos terrenos rústicos, aprovechándose de que el delito urbanístico prescribe rápido

"Nosotros pagamos el IBI y el impuesto de basuras, pero no tenemos servicios", protesta Pipe, vecino de El Tallar, una de las tres urbanizaciones ilegales de Mejorada del Campo (Madrid) que despliegan por una loma alrededor de 2.000 viviendas de todo tipo, desde mobil homes a chalets señoriales. El padre de Pipe compró parcelas en esta zona rústica en los años 80 y, 45 años después, siguen fuera de la ley.

"Nosotros pagamos el IBI y el impuesto de basuras, pero no tenemos servicios", protesta un vecino de El Tallar, una urbanización ilegal de Madrid

"Nosotros pagamos el IBI y el impuesto de basuras, pero no tenemos servicios", protesta un vecino de El Tallar, una urbanización ilegal de Madrid

"Los camiones de la basura ni entran. Tenemos solo dos zonas de contenedores fuera de la urbanización, y el agua y la luz, para la que usamos generadores de gasoil, la pagamos desde la asociación", precisa pidiendo al ayuntamiento una solución definitiva. "Estamos censados aquí, votamos aquí, y las fincas están registradas en el Registro de la propiedad", razona.

Vista aérea de una macrourbanización ilegal en La Línea de la Concepción que fue paralizada en 2024. / EFE

Para entender la génesis de la actual situación hay que irse a la Ley de Suelo de 1956, que fijó un aprovechamiento urbanístico genérico para el suelo rústico de 1 m3/m2, lo que permitió que se instalaran edificaciones residenciales y turísticas en terrenos no urbanizables. Aunque la ley de 1975 lo suprimió, en muchos municipios se continuó de facto permitiendo que se construyera si se cumplían ciertas exigencias o simplemente porque los ayuntamientos no tenían aprobados planes urbanísticos que las regularan.

La génesis radica en la Ley del Suelo de 1956 que permitía que se instalaran edificaciones residenciales y turísticas en terrenos no urbanizables

La génesis radica en la Ley del Suelo de 1956 que permitía que se instalaran edificaciones residenciales y turísticas en terrenos no urbanizables

El promotor de las urbanizaciones o las viviendas garantizaba a los compradores que todo estaba en orden y que iban a tener garantizados los suministros. En el tardofranquismo, comprar una parcela fuera de la ciudad, para el esparcimiento o como segunda residencia, era tendencia entre la gente de posibles y también entre la clase obrera que llegó a la ciudad a trabajar con el éxodo rural y que, con sus ahorros, se podía permitir tener un huerto o construir una pequeña casa donde sentirse como en el pueblo.

Anuncio que se buzoneaba en casas de Barcelona durante el franquismo promocionando la venta de fincas rústicas en la zona de Corbera. / EL PERIÓDICO

"Vázquez Montalbán tiene un pequeño texto donde habla de la publicidad que te buzoneaban en Barcelona en tu casa. El parcelador te daba muchas facilidades, a veces te permitía incluso pagar a plazos. Él compraba la finca rústica, hacía los caminos, los parcelaba, y cuando se llevaba el dinero desaparecía, dejando el marrón allí", explica David Casado, doctor en Geografía de la Universidad de Sevilla que ha escrito numerosos informes y estudios sobre un fenómeno masivo del que subraya que "no hay datos publicados".

Las provincias andaluzas donde más edificaciones ilegales se han construido son Málaga, Granada y Almería

Las provincias andaluzas donde más edificaciones ilegales se han construido son Málaga, Granada y Almería

Al estar transferidas las competencias urbanísticas a comunidades autónomas y ayuntamientos, no existe un cómputo nacional, aunque algunas comunidades sí han hecho sus aproximaciones. En Andalucía, por ejemplo, los cálculos de la Junta hablan de 500.000 edificaciones en suelo no urbanizable, de las que alrededor de 300.000 son irregulares, principalmente en Málaga, Granada y Almería.

Esta cifra proviene del texto del decreto-ley 3/2019 de la Junta con el que se creó la figura de la declaración de 'Asimilado a fuera de ordenación' (AFO) para legalizar las construcciones que cumplieran ciertos requisitos y poder recibir así servicios en condiciones mínimas de seguridad y salubridad. "Andalucía ha sido una de las primeras en plantarle cara al problema", precisa Casado.

Una vivienda ilegal en suelo rústico cuya construcción fue parada por la Guardia Civil en Murcia recientemente / GUARDIA CIVIL

Otra de las comunidades que más ha sufrido esta práctica y donde sus diferentes gobiernos han tratado de revertir la situación ha sido la Comunidad Valenciana, donde se mantienen 193.919 viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable pese a que en 2014 el Govern aprobó una ley que introdujo mecanismos para legalizar viviendas mediante la "minimización del impacto territorial".

Según señalaron el exconseller Eugenio Burriel y el urbanista Gerardo Roger Fernández, en un artículo publicado en la revista 'Aranzadi' en 2024, estas construcciones no habían podido ser reconducidas a la legalidad por, entre otras cosas, "la negativa de los propietarios a hacerse cargo de los elevados costes de las infraestructuras de las que carecen". Del total de inmuebles, además, el 27% está en suelo no urbanizable protegido, lo que "hace aún más difícil su regularización".

En Catalunya hay 730 urbanizaciones ilegales, mientras que en la comunidad de Madrid hay 184

En Catalunya hay 730 urbanizaciones ilegales, mientras que en la comunidad de Madrid hay 184

En Catalunya, son 120.000 personas las que viven en las 730 urbanizaciones ilegales que tiene contabilizadas la Generalitat, con alrededor de 42.000 viviendas irregulares situadas solo en la provincia de Barcelona, donde más se produce este fenómeno.

En Madrid, de acuerdo a datos del Gobierno autonómico, hay más de 10.500 construcciones ilegales en cerca de 184 urbanizaciones o asentamientos de origen ilegal. El más populoso está en la zona de la Vega del Tajuña, con 5.513 edificaciones. En 2021, Madrid aprobó un plan de Inspección y Disciplina Urbanística para controlar estas construcciones y cooperar con los ayuntamientos para contener su impacto ambiental. En los últimos años se han abierto 1.900 expedientes, con especial incidencia en las zonas inundables.

Varios chalés y casas en las urbanizaciones ilegales de Mejorada del Campo, Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

"Es que el mayor riesgo que existe con estas construcciones está en los casos en que se encuentren en zonas inundables", apunta Rafael Córdoba, doctor en Disciplina Urbanística por la Universidad Politécnica de Madrid. "Todas las viviendas que se han inundado o han sido desalojadas con las lluvias de febrero en Jerez de la Frontera, en Córdoba o en algunos pueblos de Sevilla, son ilegales", ratifica Casado.

"El mayor riesgo está en aquellas que están en zonas inundables, como hemos visto en Andalucía con las últimas inundaciones", advierten los expertos

"El mayor riesgo está en aquellas que están en zonas inundables, como hemos visto en Andalucía con las últimas inundaciones", advierten los expertos

El 'boom' de las urbanizaciones ilegales también colonizó Extremadura, donde el Gobierno autonómico no tiene datos, pero una tesis doctoral premiada del geógrafo Víctor Jiménez las cifraba en cerca de 40.000; o Castilla y León, donde el Gobierno autonómico reconocía 50.000 hace 13 años en una ley aprobada para prohibir su construcción.

En Baleares, el Ejecutivo de Marga Prohens aprobó en 2024 un decreto ley para amnistiar las 30.000 viviendas y piscinas irregulares que tienen las islas. Tras ello ha habido un alud de peticiones.

El resto de gobiernos autonómicos o no dispone de datos o estos son residuales, como en Asturias, donde solo hay dos urbanizaciones "alegales", en Nava y en Belmonte de Miranda, que "se están tratando de legalizar", o en Euskadi, donde "hay casos puntuales". En Castilla-La Mancha tampoco hay datos oficiales, aunque se estima que hay miles o decenas de ellas, muchas de ellas en El Casar, Mesones y Uceda, en Guadalajara.

Desde agrupaciones ecologistas alertan de que esta no es una problemática pasada y las viviendas ilegales siguen levantándose en numerosos terrenos rústicos por toda España aprovechándose de que, dependiendo de la comunidad y el tipo de suelo, el delito urbanístico sigue prescribiendo en pocos años desde que se finaliza la construcción -normalmente entre cuatro y seis- y, por tanto, la vivienda no puede ser demolida, pasando a la alegalidad/ilegalidad. "El control urbanístico es mayor, pero siguen apareciendo casos de reciente construcción", añade Córdoba. Hace apenas unos días, la Guardia Civil detectó 120 construcciones ilegales en Dos Hermanas (Sevilla).

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Varios chalés en una urbanización ilegal de Algeciras. / EFE

Los agentes de disciplina urbanística y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) usan drones e imágenes tomadas por satélite para controlar más exhaustivamente y abrir expediente lo antes posible a los infractores. "Muchas veces da igual que sean condenados [se considera un delito penal y pueden enfrentarse a una condena de cárcel, además de a una multa]. En Candeleda, en el Valle del Tiétar, nos encontramos varias órdenes de demolición donde los ayuntamientos miran para el otro lado. En este país no se tira nada, ni el Algarrobico", denuncia una portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla y León.

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