Indra y el sector se juegan este año 3.700 millones en contratos y ya hay firmados otros 23.000 millones hasta 2030

La cotizada afronta un ejercicio decisivo por el despliegue de los programas de modernización (PEM), mientras el Gobierno aplaza cualquier cambio en la cúpula de la compañía

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Indra, Ángel Escribano. / Kiko Huesca / EFE

Sin proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la vista, el gasto más previsible en defensa sigue siendo el comprometido en los 31 Programas Especiales de Modernización (PEM), el gran armazón inversor con el que el Gobierno sostiene una parte fundamental de la carga de trabajo de la industria militar española. En ese marco, Indra y el conjunto del sector se juegan este año cerca de 3.700 millones de euros vinculados a esos programas, mientras que ya hay acuerdos firmados por valor de otros 23.000 millones, en unos PEM con horizonte formal hasta 2030.

Para este ejercicio, la previsión pasa por al menos 1.600 millones de euros en pagos directos del Ministerio de Defensa y otros 2.100 millones en préstamos del Ministerio de Industria ligados a estos contratos, lo que eleva a 3.700 millones el volumen de recursos en licitaciones en juego para el sector. Esa cifra convierte 2026 en un año clave para compañías como Indra, llamadas a desempeñar un papel central en el despliegue de los nuevos programas de inversión. La escalada del gasto militar impulsada por el Gobierno ha elevado la presión sobre la cúpula de Indra en un momento de fricción con el Ejecutivo a cuenta de la fusión frustrada con la empresa familiar del presidente Ángel Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), por el "conflicto de interés" existente. La estrategia de Moncloa pasa por crear en torno a la cotizada un campeón nacional de la defensa.

El Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no pidió dimisiones este miércoles en el consejo de administración de Indra pese a las fuertes tensiones vividas en las últimas semanas entre los principales accionistas de la compañía, según aseguran fuentes gubernamentales a este periódico. Tanto el presidente Ángel Escribano como el consejero delegado José Vicente de los Mozos seguirán en la dirección de la tecnológica. El pasado año, Indra, se adjudicó cerca del 45% de la inversión del Ministerio de Defensa a través de los PEM, en solitario 5.667 millones o a través de alianzas con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) otros 7.610 millones, Telefónica 950 millones y Airbus otros 176 millones. En total, 14.400 millones de euros. Tras el choque reciente entre la SEPI y Escribano, la duda que surge es, ¿podrá Escribano recuperar la confianza del Gobierno tras la avalancha inversora en la compañía?

Los PEM reúnen 34.000 millones de euros en contratos y programas marco asociados a 31 planes de modernización, al margen de otros cerca de 50 programas iniciados en años, e incluso décadas, anteriores y que todavía siguen en ejecución. Se trata, por tanto, del principal vector de gasto estable en defensa en un escenario marcado por la prórroga presupuestaria, la ausencia de nuevas cuentas públicas, el compromiso con la OTAN de elevar la inversión en defensa la guerra aún en marcha en marcha en Ucrania y el conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El calendario de estas inversiones se extiende hasta 2037, fecha en la que está previsto que la Armada reciba las últimas unidades contempladas en algunos de los programas actualmente diseñados. Pero la ejecución ya ha empezado a acelerarse. En 2025 se movilizaron 3.807 millones de euros y, en diciembre, se cerraron acuerdos por otros 23.000 millones para los ejercicios siguientes.

A día de hoy, ya están adjudicados o planificados algo más de 25.000 millones de euros, aunque los desembolsos se repartirán en anualidades y podrán verse alterados en función del grado de cumplimiento de los contratos, penalizaciones, derramas o necesidades extraordinarias que puedan surgir durante la ejecución.

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Con todo, el grueso del esfuerzo inversor se concentrará entre 2027 y 2030, periodo en el que se ejecutará buena parte de los 34.000 millones comprometidos. Ese calendario anticipa varios años de fuerte dependencia de la industria de defensa respecto a la planificación del Estado y consolida a los PEM como el principal soporte del negocio para las empresas del sector.

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