Un órgano mixto para coordinar inversiones, costes o movilidad: así es el 'modelo vasco' para la gestión del aeropuerto de Barcelona

La vía bilateral propuesta busca consensuar asuntos clave de la gobernanza aeroportuaria a través de un órgano paritario y con presidencia rotatoria, pero con decisiones no vinculantes

Aeropuerto de Barcelona‑El Prat. / Zowy Voeten / EPC

El Gobierno y la Generalitat preparan un órgano bilateral para que Catalunya entre en la gobernanza de los principales aeropuertos catalanes. La fórmula que el Gobierno central ha puesto sobre la mesa de la Generalitat catalana para materializar uno de los compromisos pendientes del acuerdo de investidura del president Salvador Illa con ERC pasa por aplicar el “modelo vasco”. Se trataría así de implantar el denominado “órgano bilateral de gestión aeroportuaria”, cuya creación para el caso de los aeropuertos vascos ratificaron Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, en una reunión en La Moncloa el pasado 27 de marzo.

Este órgano mixto para aumentar la “coparticipación” sortea tanto la vía de la transferencia, que chocaría con el carácter de interés general de los aeropuertos cuya competencia la Constitución reserva en exclusiva al Estado, como de los cambios respecto a la gestión del operador aeroportuario. Con un 49% en manos de accionistas privados, Aena cierra la puerta a la creación de filiales y para el Ejecutivo es una línea roja mantener su modelo en red. La salida propuesta consiste así en un órgano bilateral, en este caso entre el Gobierno y la Generalitat, donde se puedan coordinar cuestiones relativas a las inversiones, los costes, las tarifas aplicadas en los aeropuertos o la movilidad de pasajeros.

Por su funcionamiento y limitaciones jurídicas, el nuevo órgano es más de carácter consultivo que decisorio, como se ha encargado de remarcar Aena ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para tranquilizar a sus inversores privados. Si bien, se fundamenta en la mejora de la coordinación y la búsqueda de consensos. De ahí que en el modelo vasco se prevé una presidencia rotatoria, que anualmente recaerá en un representante del Ejecutivo vasco o del ministerio de Transportes. La representación es igualmente paritaria, con cuatro miembros de cada gobierno y se establece que se reunirá al menos tres veces al año.

La parte más importante tiene que ver con los informes que elabore de cara a la definición del DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria), para fijar asuntos clave como las inversiones, los costes o las previsiones de tráfico de pasajeros. Según se concreta desde el Ejecutivo, “prevé un trámite de informe sobre el DORA III que al igual que el resto de las decisiones del Órgano debe ser adoptado por consenso y no tiene carácter vinculante”.

Su funcionamiento por “consenso entre las partes” lo desprovee de competencias ejecutivas. La creación del órgano aprovecha la actual legislación para desplegarse. Concretamente, lo previsto el articulado de la Ley 18/2014 referido a la participación y comunicación de las Comunidades Autónomas en la gestión de los aeropuertos de interés general de la red de Aena.

El gobierno define el órgano bilateral como un “mecanismo de colaboración y cooperación interinstitucional entre los gobiernos central y vasco para contribuir a la mejor gestión desde las competencias de cada una de las administraciones al pleno desarrollo de los aeropuertos de interés general situados en el País Vasco”. Una herramienta, añaden, “para generar sinergias y alinear políticas encaminadas a conseguir unos aeropuertos más limpios, eficientes, seguros y con un alto nivel en la calidad del servicio que prestan”. El ejecutivo vasco va un poco más allá, para hablar de un “órgano bilateral de colaboración, coordinación y gestión”. Pradales señaló tras la ratificación del acuerdo un punto y aparte por que “hasta hoy Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria”.

Los nacionalistas vascos aspiran a ir incrementando su peso y participación en la gobernanza de los tres aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia. De hecho, su acuerdo con el Ejecutivo incluye un ‘sandbox’ en el aeropuerto de Vitoria que presentan como “un marco regulatorio especial y temporal que permitirá actuar en este aeropuerto como un entorno controlado de pruebas”.

Tras el acuerdo con Euskadi, otros territorios como Canarias, Galicia y Navarra -aparte de Catalunya- también han enarbolado la bandera de la coparticipación. La estela a seguir es el “órgano bilateral de colaboración, coordinación y gestión” pactado con Euskadi. El titular de Transportes, Óscar Puente, aseguraba este miércoles durante el pleno del Congreso estar “absolutamente abierto” a mejorar las fórmulas de coordinación en la gestión de los aeropuertos, pero puso como línea roja hacerlo “sin poner en jaque” el actual modelo en red al que le atribuyó buenos resultados.

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El presidente de Aena, Maurici Lucena, también salía al paso este jueves advirtiendo que la demanda de "imposible cogestión" realizada por estas comunidades autónomas "podrían constituir riesgos importantes" para el sistema aeroportuario, la empresa semipública y sus accionistas. Con todo, bendijo el modelo vasco "al no tener competencias ejecutivas" y no poner en duda que la gestión corresponde exclusivamente a Aena.

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