Investidura de María Guardiola

El Gobierno llevará a los tribunales al futuro ejecutivo de PP y Vox en Extremadura si aplica “recortes de derechos”

El ministro de Justicia ha señalado que sería contrario a la legislación vigente no dar asistencia sanitaria a migrantes en situación irregular o medidas que contendría el pacto contrarias a la ley de memoria democrática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, durante el pleno celebrado el pasado miércoles en el Congreso. / José Luis Roca / EPC

“El Gobierno va a estar muy vigilante del pacto ultra y llevará al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio o recortes de derechos”. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha criticado el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura para investir a la popular María Guardiola al considerar que se pliega a un “marco ideológico de la extrema derecha”. Concretamente, durante una entrevista en ‘La Sexta’, ha señalado que sería contrario a la legislación vigente no dar asistencia sanitaria a migrantes en situación irregular o medidas que contendría en contra de la ley de memoria democrática, como la tramitación como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los Caídos de Cáceres.

El titular de Justicia ha situado al Ejecutivo como “garantía” de que no se produzcan recortes de derechos derivados de su aplicación. “Llevaremos todo aquello que sea contrario a la ley y a la Constitución a los tribunales ordinarios y al Tribunal Constitucional cuando sea necesario”, ha insistido.

Para Bolaños, el acuerdo ratificado este jueves “es absolutamente xenófobo” y se ha preguntado que si un bebé con una “otitis o un cólico” hijo de migrantes sin regularizar no será atendido en función de este acuerdo de gobierno. Por todo ello ha cargado contra el PP por situarse del lado de los partidos conservadores en la UE que, en lugar de “combatir” a la ultraderecha, se acaben plegando y “poniendo alfombra roja” para gobernar.

El acuerdo de coalición contiene 74 medidas articuladas en 61 puntos. El texto se reparte en 11 áreas, desde energía e industria hasta educación, familia, gasto y el reparto de poder dentro del Ejecutivo. En materia de inmigración, se rechaza el reparto de menores extranjeros no acompañados, insta a adaptar el nuevo reglamento europeo de retornos, plantea promover devoluciones de menores con sus padres, veta nuevos centros o ampliaciones de plazas, endurece el régimen disciplinario, prevé pruebas de edad y auditorías anuales del gasto en inmigración.

Se incluye también la supresión total de subvenciones a ONG que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, la creación de una unidad contra el fraude del padrón y la residencia efectiva, la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos y la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí en las aulas.

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Desde Vox se ha destacado el compromiso de un sistema de acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones inspirado en la "prioridad nacional". “Prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y la vivienda social”, ha destacado el líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, pese a chocar con la normativa estatal.

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