Guerra en Oriente Medio

El Gobierno integrará propuestas de sus socios al plan antiinflación para asegurar el apoyo del Congreso

Los socialistas buscan consensuar el texto del futuro decreto antes de llevarlo al Consejo de Ministros y contar con el aval previo de los agentes sociales. Los grupos aprovechan para elevar el listón de sus peticiones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la inauguración este martes del I Foro contra el Odio. / José Luis Roca / EPC

El Gobierno intenta reducir al mínimo los riesgos. Después de que el Congreso haya tumbado dos veces consecutivas el decreto para la prórroga del escudo social, con los votos de PP, Vox y Junts, ha cambiado de estrategia para hacer partícipes a los socios parlamentarios e incluso a los populares del plan contra la inflación por la guerra en Oriente Medio. En el Ejecutivo avanzan que no lo pondrán sobre la mesa su paquete de medidas hasta estudiar las propuestas de sus socios, que buscan encajar en su texto para garantizarse apoyos. La intención es consensuar el texto del futuro decreto antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

“Son medidas positivas para todos los españoles y nos gustaría que hubiera unanimidad”, apuntan fuentes de Moncloa respecto al paquete que se está ultimando. De ahí que se mire también al PP, que ya se adelantó presentando su propio plan, centrado especialmente en las rebajas fiscales. Como doble seguro, este viernes se tratará de coordinar el plan con los agentes sociales, buscando un acuerdo que incrementaría la presión de los grupos en caso de contar con el visto bueno de sindicatos y patronal.

Para asegurar los votos, en el Ejecutivo hasta pusieron en cuarentena su cordón sanitario a Vox para descolgar el teléfono y tratar de recabar el apoyo de los de Santiago Abascal. Sin éxito, pues declinaron responder a la llamada del Gobierno, como apuntó el encargado de las negociaciones, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y constató posteriormente el líder de la formación de ultraderecha. “Nosotros no vamos ni a descolgar el teléfono a este Gobierno" porque “con este Gobierno no queremos ningún tipo de interlocución, diálogo ni reunión. Eso se lo dejamos al Partido Popular”, agregó Abascal.

La aprobación del plan es crucial para el Gobierno tras reafirmarse en su “no a la guerra”. La transversalidad de este lema, que en Moncloa acompañan con el respaldo de las encuestas, podría desvanecerse si los efectos de la guerra o de la posición del Gobierno en su choque con EEUU golpea los bolsillos de los españoles. La buena marcha de la economía es otro de los leitmotiv del Ejecutivo de coalición que amenaza con quedar dañado sin un escudo que mitigue los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Los socios no son ajenos a la posición de debilidad de los socialistas, empezando por Sumar que quiere aprovechar para elevar el listón. De ahí que reclamen rescatar medidas como la moratoria antidesahucios, el impuesto extraordinario a las energéticas o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler sin subida de precio.

Esta misma semana, Sumar ha presentado en el Congreso una batería de propuestas que afectan directamente a las grandes cadenas de supermercados, aquellas con más de cien millones de beneficios, para crear un impuesto "inteligente" de entre el 0,6 y 1,2% que permitan sufragar las medidas para paliar los efectos de la guerra, y eventualmente una bajada del IVA que, apuntaban, debería repercutir "por ley" en el precio del consumidor.

Aumenta la lista de peticiones

Desde el PNV ponen el foco en arrancar ayudas, ajustes fiscales y modificaciones legales que favorezcan la “resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva” en este contexto geopolítico. Se insta también en defender los intereses de la industria siderúrgica en el seno de la UE, “especialmente en el debate sobre la regulación del mercado del acero”.

Junts ha presentado su propio plan con más de una veintena con rebajas fiscales, supresiones de IVA para la compra de vivienda o para autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año o eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones. Asimismo, los posconvergentes plantean ajustar el salario mínimo interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones por comunidades autónomas.

El BNG también ha marcado posición registrando una proposición no de ley. Entre las medidas urgentes que reclaman se encuentra el control de los precios de los alimentos y de los suministros básicos; límites a la subida de las hipotecas y de los alquileres; bonificaciones a los combustibles para profesionales (transporte, agricultura, pesca o maquinaria); la recuperación del impuesto a las energéticas o la reducción del IVA en alimentos y suministros básicos.

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En el Ejecutivo evitan poner fecha a la aprobación del plan, para limitarse a explicar que en estos momentos están en la fase de recabar propuestas de los grupos parlamentarios. Tras cerrar una ronda telefónica exprés, entre este martes y miércoles, Bolaños ha explicado que ahora es el turno de los ministerios concernientes para estudiarlas y, en su caso, implementar en el texto del futuro decreto. De hecho, este jueves, las tres vicepresidentas y los titulares de Economía y Seguridad Social tiene previsto reunirse con los agentes sociales. La pretensión del Gobierno es conocer con mayor precisión la escalada inflacionista para ajustar sus medidas, principalmente a nivel fiscal e intentar de acompasar pasos con la UE, ante la reunión del Consejo Europeo de la próxima semana.

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