La ley de memoria democrática de Catalunya obligará a retirar el monumento franquista de Tortosa en un año

El Parlament prevé aprobar la norma la semana que viene, aunque el PP, el único partido con capacidad para recurrir al Consell de Garanties Estatutàries, podría retrasarlo

El Supremo allana el camino para la retirada del polémico monumento franquista de Tortosa

El Monumento a la Batalla del Ebro, inaugurado por Franco hace casi 60 años. / Pau Gracià

La nueva ley de memoria democrática catalana que el Parlament prevé aprobar la semana que viene de la mano del PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP obligará al Govern a retirar, en el plazo de un año, el monumento franquista de Tortosa que conmemora la victoria del bando franquista en la batalla del Ebro y que, desde 2021, está inmerso en una batalla judicial por su demolición a raíz de los recursos presentados por varias entidades contrarias a su retirada.

La norma, que establece un plazo general de dos años para eliminar la simbología franquista, hace una excepción con el monumento de Tortosa, al que dedica una disposición específica que obliga a la Generalitat a realizar "todos los trámites y trabajos necesarios" para culminar su retirada en un año desde la entrada en vigor de la ley. Se trata de una de las reivindicaciones históricas de ERC que ha quedado incorporada al texto tras las negociaciones de los últimos meses y que busca acelerar un desmantelamiento que la justicia mantiene paralizado desde julio de 2021.

El expresident de la Generalitat, Pere Aragonès y Ester Capella, exconsellera de Justícia. / David Castro

De hecho, la ley fue impulsada originalmente por el Executiu de Pere Aragonès, con la diputada Ester Capella de consellera de Justícia, que fue quien puso la directa para suprimir este símbolo del franquismo, pero su tramitación decayó con el adelanto electoral de 2024. Recuperarla fue una de las promesas de Salvador Illa y así quedó sellado en el acuerdo de investidura con los republicanos. Ahora, dos años después, está a las puertas de ver la luz con una amplia mayoría en la Cámara catalana que ha permitido introducir nuevas cuestiones y mejorar algunos aspectos del redactado. Todo ello, siempre que el PP no presente un recurso ante el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que es el único partido con capacidad para hacerlo, al contar con una quinta parte del hemiciclo.

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